Gobierno de España advierte a Trump que rechazará todas las reclamaciones contra sus empresas en Cuba

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El Gobierno de España emitió un comunicado en el que se advierte que sus empresas con inversiones en Cuba no aceptarán ninguna demanda judicial que llegue desde los Estados Unidos por la aplicación de la Ley Helms-Burton.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España citó ayer los dueños de las 16 compañías españolas que ya enfrentan reclamaciones judiciales para informarles de su decisión. A estos les informaron que todas las demandas quedan sin efecto gracias a un reglamento europeo vigente que les quita efectividad en el país ibérico.

El Gobierno no se dará por notificado por ninguna demanda o reclamación que llegue contra compañías españolas.

“Rechazaremos cualquier notificación de demanda. No importa si se dirigen directamente a las empresas españolas o si van a parar a los juzgados del país”, advirtieron las autoridades.

La advertencia del Gobierno español es la respuesta a la ayuda pedida por hoteleras, bancos y empresas de viajes de ese país que temen un conflicto de costes millonarios con Estados Unidos.

Entre las empresas que se benefician con esta decisión se encuentran Iberostar, Meliá y el banco BBVA. A todas las compañías convocadas le explicaron que las leyes de Estados Unidos no tenían valor en España pues suponen un menoscabo para su soberanía.

Gobierno de España anuncia ‘represalias’ si se tocan sus empresas en Cuba

La Unión Europea (UE) posee un estatuto que deja sin efectos las demandas de la Ley Helms-Burton en cualquiera de sus Estados miembros. Esta se aprobó en el año 1996, tras conocerse sobre la creación de la Ley Helms-Burton en el Congreso de EE.UU. Bajo este reglamento, la UE rechaza cualquier aplicación extraterritorial de una legislación aprobada en terceros países..

Ya la UE había advertido que tomaría represalias para defender los derechos y las inversiones de sus empresas en Cuba. Alegan que la aplicación de la Ley Helms-Burton implica una “violación de los compromisos asumidos” entre Estados Unidos y la UE en 1997 y 1998.

La legislación estadounidense amenaza especialmente los intereses de empresas españolas, sobre todo hoteleras, con actividad en Cuba.

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