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Cuba aplicará entre 8 y 20 años de cárcel a los que roben más de 400 dólares en sus centros de trabajo

Duras penas de prisión le esperan a los que se encuentren culpables de delitos de corrupción o robando bienes al Estado en Cuba en sus centro de trabajo. Según detalla un reportaje publicado esta semana en el diario oficialista provincial de Pinar del Rio, Guerrillero, a los ciudadanos que se detecten implicados en delitos de «corrupción administrativa» podrán enfrentar sanciones penales que van desde trabajo correccional hasta privación de libertad.

Los que roben al gobierno se clasificarán en dos grupos, delimitados según los montos de la cantidad apropiada. A los que se apoderen de cantidades superiores a los 10 mil pesos cubanos (aproximadamente 400 dólares) podrían esperarles, como mínimo, ocho años de privación de libertad, que puede llegar hasta los 20 años, de acuerdo al daño económico total provocado al país. Además, se le confiscarán o decomisarás todos los bienes que sea crea oportuno y que se hayan adquirido con dinero ilícito.

Si la cintada robada no llega a los 10 mil pesos, entonces las sanciones mínimas van desde los seis meses y hasta los 8 años de privación de libertad.

La variedad de delitos por los que se podrá ir a la cárcel es de lo más variopinta

El Código Penal vigente en Cuba establece como posibles actos de corrupción la «revelación de pruebas para la evaluación docente, el abuso de autoridad, la prevaricación, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el cohecho, la exacción ilegal y las negociaciones ilícitas, el encubrimiento, el incumplimiento del deber de denunciar, la malversación, la apropiación indebida, la evasión fiscal, el lavado de activos y la falsificación de documentos».

Sin embargo, los responsables de delitos relacionados con la corrupción administrativa recibirán sanciones de mayar severidad, establecidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, «en proporción al carácter nocivo» del robo cometido. Las mismas incluyen la pertinencia de imponer, junto a la sanción principal, sanciones accesorias de prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio y el comiso o confiscación de bienes.

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