EEUU podría sancionar en las próximas semanas a los dueños y directivos de 12 importantes empresas con inversiones en Cuba

La administración de Donald Trump podría estar notificando en las próximas semanas a los dueños y directivos de 12 importantes empresas extranjeras con inversiones en Cuba, a los cuales se les prohibiría su entrada a Estados Unidos, junto a sus esposas e hijos menores de edad, por “traficar con propiedades confiscadas por la Revolución cubana en 1959”.

Según han confirmado fuentes gubernamentales estadounidenses, estos empresarios y sus familiares directos podrían verse impedidos a entrar a territorio norteamericano bajo la aplicación de la Ley Helms-Burton.

En estos momentos, el Departamento de Estado de EEUU estaría analizando la negación de visados para representantes de compañías extranjeras con inversiones en propiedades que hayan sido certificadas por la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros del Departamento de Justicia, y que estarían sujetos a sanciones bajo el Título IV de la Helms-Burton.

El Departamento de Estado se encuentra realizando al menos una docena de investigaciones bajo el Titulo IV, pero no han querido revelar el nombre de las compañías involucradas pues los temas de estas estás pendientes o no han sido completados, según confirmó al portal CiberCuba un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado.

Bajo el Titulo IV de la Ley Helms-Burton, activado el 2 mayo del pasado año, se le puede prohibir la entrada a los Estados Unidos a todos aquellos que se beneficien económicamente haciendo uso de propiedades que fueron expropiadas por el gobierno cubano después de 1959, sin importar que se trate de compañías extranjeras que no tengan demandas abiertas en su contra en tribunales estadounidenses.

La información sobre la posible suspensión de visados a empresarios con inversiones en Cuba llega solo días después que 14 directivos y accionistas de la compañía Meliá Hotels recibieran cartas del Departamento de Estado en las que les notificaban que se les prohibía la entrada a Estados Unidos a ellos y sus familiares.

Los ejecutivos de Meliá fueron alertados sobre la medida que se aplicaría en su contra desde octubre de 2019, cuando les advirtieron como alternativas que renunciaran a sus cargos dentro de la compañía o llegaron a un acuerdo con los reclamantes de las propiedades confiscadas, medidas que fueron rechazadas por la directiva de Meliá.

Aunque de momento el Departamento de Estado a puesto su mirilla solo sobre compañías extranjeras con litigios abiertos en tribunales federales bajo el Titulo III de la Ley Helms-Burton, lo cierto es que las sanciones podría afectar a cientos de empresas que utilizan y explotan terrenos e inmuebles que están registrados ante la Comisión de Adjudicación de Reclamos Extranjeros.

En este caso, no importa que las firmas extranjeras hayan sido eximidas de demandas interpuestas por herederos de los dueños originales de estos terrenos e inmuebles, o que estos logren alcanzar un acuerdo con las partes litigantes del caso.

Se calcula que las sanciones aplicadas en virtud del Título IV de la Ley Helms-Burton podría llegar en los próximos meses al centenar de ejecutivos, cuyos cónyuges e hijos tampoco podrían tener acceso a visitar Estados Unidos.


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