La ONU exige a Cuba liberar e indemnizar a tres presos políticos condenados a prisión

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha exigido al gobierno cubano que libere inmediatamente a los activistas Josiel Guía, Marbel Mendoza e Iván Amaro por considerar que su arresto se produjo de manera arbitraria por razones políticas en base a base a cargos “sumamente vagos” y que su juicio no fue justo.

La detención de Guía se produjo en diciembre de 2017 por “pretender trabajar por la consecución de elecciones libres”. Además, la denuncia de la ONG asegura que sufrió del violento proceder de los agentes, quienes le provocaron daños físicos.

Por su parte, a Mendoza la acusaron de “peligrosidad social predelictiva”, un cargo que “no requiere pruebas, solo la sospecha de que el acusado puede estar en un futuro hipotético involucrado en actividades contrarias a la ‘moral socialista.

En el caso de Amaro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, su detención tuvo lugar en agosto de 2016 por llevar una camiseta en la que se leía el mensaje “Democracia sí, dictadura no” y “Abajo quien tú sabes”.

Según la denuncia de la ONU, ninguno de los tres recibió un juicio justo, ya que solamente tenían acceso a abogados que dependían jerárquicamente del Ministerio de Justicia.

Al respecto, el gobierno cubano respondió asegurando que en la Isla no se detiene, hostiga o amenaza a nadie por el ejercicio de los Derechos Humanos, negando de esta forma el estatus de activistas políticos de Guía, Mendoza y Amaro, y señalando que en sus juicios “no se quebrantaron las garantías previstas”.

A pesar de esto, el Grupo de Trabajo recordó que el solo hecho de afirmar que se han acatado los procedimientos legales establecidos no es motivo suficiente para desvirtuar las alegaciones presentadas en cada uno de los casos.

De igual manera, la ONU consideró que “los tipos penales de desacato, desórdenes y peligrosidad social y atentado, contenidos en el Código Penal (cubano), carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población”.


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