Compañías aéreas que venderían aviones a Cuba rompen sus contratos por temor a sanciones de EEUU

Cuba sigue sintiendo la presión de las sanciones del presidente Donald Trump, como reveló ayer el ministro de Transporte de la isla, Eduardo Rodríguez Dávila, dejando saber habían perdido la oportunidad de comprar una serie de aviones a una compañía francesa que suspendió los contratos de venta ante el temor de posibles represalias desde la Casa Blanca.

Aunque no se precisaron los nombres de estas empresas que cancelaron sus acuerdos con el Gobierno cubano, algunas fuentes citan al consorcio ítalo-francés Avions de Transport Régional, con el cual el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba había firmado un contrato el pasado año para adquirir varias aeronaves ATR 72-600 que formarían parte de la casi nula flota de Cubana de Aviación.

El contrato, valorado en 50 millones de euros, ya había sido firmado en enero del pasado año, pero al parecer, Avions de Transport Régional recibió una notificación desde el Departamento de Estado de EEUU en el que advirtiendolo de las consecuencias de cerrar el trato con Cuba.

En octubre de 2019 el Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Comercio de Estados Unidos emitió una regulación en la que solo se autoriza a exportar a Cuba productor que tengan menos de un 10 por ciento de partes originales fabricadas en suelo estadounidense. Bajo esta regla, la compañía francesa habría decidido cancelar la transacción pactada, según explicó Rodríguez Dávila.

Esta claro que Cuba la tiene dificil si desea actualizar su flora aérea pues esta nueva regla impide prácticamente comprar cualquier avión, considerando que la mayoría de los aviones comerciales contienen más del 10 por ciento de sus partes de origen estadounidense.

También se conoció que otra importante empresa francesa rompió un millonario convenio que permitiría la remodelación de los aeropuertos de la isla. En este caso podría ser la firma francesa Bouygues, la cual poseía desde el 2018 una concesión del Gobierno cubano que permitiría ampliar y gestionar el aeropuerto de La Habana y el aeródromo de San Antonio de los Baños, obras que nunca comenzaron. Quizás esta compañía está detrás del remozamiento que sufrió entre finales del pasado año y comienzos del presente la Terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Sin embargo, las autoridades se han negado a revelar la fuente y los gestores de esta inversión.

La cancelación de los acuerdos con Cuba por parte de estas firmas coincide con el anuncio de que la administración de Donald Trump tiene en proceso más de 12 investigaciones sobre compañías extranjeras que trafican con propiedades confiscadas en la nación caribeña.

Los ejecutivos de estas compañías podrían verse impedidos de entrar a Estados Unidos en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, luego de activado en 2019 el Título IV de la controversial legislación estadounidense.

Este permite prohibir la entrada a ese país a las personas que se beneficien del uso de propiedades incautadas por el gobierno cubano, con independencia de si la firma extranjera está sujeta a demandas ante tribunales estadounidenses.


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