Prensa oficialista reconoce que cientos de puntos de venta en agromercados por cuenta propia han tenido que cerrar sus tarimas en Cuba

La Tarea Ordenamiento ha causado una temida inflación que ni el Gobierno, con su porfiado intento por regular los precios del sector privado de la economía nacional, ha podido controlar; pero sí ha logrado que más de un centenar de puntos de venta de productos agrícolas operados por particulares cierren.

Datos oficiales indicaron que 600 de estos puntos cesaron sus actividades laborales en las primeras dos semanas del mes de enero, que coincidieron con las dos primeras semanas de la implementación del reordenamiento monetario.

Pese a que muchos cierres se dieron a causa de sanciones aplicadas por el Gobierno en más de 50.000 inspecciones realizadas en todo el territorio nacional (debido a precios alterados y demás infracciones), también fueron causados porque a sus gestores ya no les parecía que el negocio fuera rentable.

Tanto multas como retiros de licencia y ventas forzosas de productos, fueron las penalizaciones más comunes contra este tipo de actos, y solo en la capital se impusieron 650 multas (de entre 7.000 y 8.000 CUP) a operadores de venta de esta categoría para el 5 de febrero.

En la siguiente semana se reportaron 200 nuevas sanciones en mercados agropecuarios, también vinculadas mayoritariamente con los precios.

Varios trabajadores por cuenta propia de puestos agrícolas habaneros (que aún permanecen activos) confesaron que la presión que el Estado está imponiendo sobre ellos no se los está poniendo nada fácil, pues las circunstancias hacen que acatar los precios topados resulte imposible.

Ramón Martínez, un carnicero del municipio Plaza de la Revolución, alegó que cada día compra la carne de cerdo más cara, y si se la venden a 63 CUP y los precios topados establecen que el máximo que puede costar es 55, no tiene sentido ni que continúe ejerciendo el oficio.

El vendedor continuó comentando que muchos han cerrado porque los inspectores están poniendo multas a diestra y siniestra si se percatan de las irregularidades. En su caso, le pusieron una multa porque su licencia no contempla la venta de manteca ni de chicharrones, y ahora solo le vende a gente de confianza y siempre cuidándose de inspectores.

Abel Salgado, que vende en un puesto en La Víbora, opinó que quien puso los precios topados no está consciente del contexto que se vive. El precio fijado para la libra de frijoles colorados es de 16 CUP y a él se la venden a 45 CUP, y así pasa con gran parte de los productos que oferta, por lo que vende los alimentos a sobreprecio clandestinamente.

Por su parte, Sergio Bustamante, vendedor del Cerro, ha sido advertido de que podría ir a la cárcel por continuar vendiendo por encima de los precios topados luego de haber abonado dos multas por la misma razón, pero no piensa ceder porque, para él, “vender a precios topados porque no tiene sentido”.

Confesó, además, que se vio obligado a cerrar su puesto a mediados de enero porque podía ser procesado por alteración de precios, según la última amenaza.

Los inspectores, a veces, simplemente llegan a comprar, como un cliente cualquiera, y ponen multas al detectar irregularidades. Hasta la población ha sido conminada a denunciar precios más altos de lo instaurado.

El vendedor de carne reconoció no tener muchas alternativas, al verse “muy apretado con los números”, por lo que se encontró sopesando la idea de cerrar temporalmente, alegando, además, que este país no levantará la cabeza hasta que se puede operar compras y ventas libremente.


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