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Gobierno cubano admite que la comida de los comedores sociales en la isla no sirve, pero le echan la culpa al “desvío de recursos”

El presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, admitió durante este fin de semana que el Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la capital mantiene actualmente pobres condiciones en la atención al público, en la limpieza de las unidades y en la elaboración de los alimentos (principalmente).

El funcionario culpó este hecho a los administradores de los centros municipales y locales por su “falta de vocación de servicio público y el desvío de recursos”.

Para aplacar las deficiencias, que han generado grandes críticas en la población en los últimos meses, el Consejo aprobó un plan para rescatar estos comedores sociales.

El programa del Sistema de Atención a la Familia del MINCIN se fundó en 1996 para complementar la alimentación de ciudadanos cubanos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas con alto riesgo y casos sociales y económicos críticos).

Además de prestar un auxilio necesario a estas personas, la idea original de la iniciativa se planteaba propiciar la actividad social de ellas e incitarlas a crecerse, para lo que era necesario brindar una estancia agradable y contar con la ayuda de psicólogos y trabajadores sociales.

No obstante, se ha demostrado que el nivel de satisfaccióm sobre los servicios del SAF en la ciudad roza el 25%, según las 16.714 encuestas de un reciente estudio desarrollado por la Universidad de La Habana.

El programa ha recibido arduas críticas en los últimos tiempos, las que coinciden usualmente en que la elaboración de los alimentos cuenta con una muy baja calidad y que los nuevos precios fijados tras el Ordenamiento Monetario no le hacen justicia.

El proceso de reordenamiento monetario elevó las tarifas de estos servicios a un intervalo de 1 a 13 CUP por comida.

El estudio demostró también que solo el 42% de los inscritos en el programa acude todos los días a las unidades y que el 31% no lo ha hecho nunca. Se supo de personas vulnerables inscritas que nunca han recibido el servicio, y existen otras que ni lo conocen.

Alrededor de 350 estudiantes se vincularon voluntariamente al estudio, el cual surgió a raíz de las críticas opiniones por parte de muchos de los amparados por los SAF, lo que provocó que se movilizaran las fuerzas del grupo de Fiscalización y Control del Gobierno y la Fiscalía Provincial.

En las unidades de siete municipios capitalinos, se detectaron, en las inspecciones, irregularidades en relación con la calidad de los productos, especialmente en lo que respecta a los precios y el gramaje.

El vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, insistió en que se le dará la debida atención a cada caso de los asistenciados, en función de incluir en los listados a aquellos no registrados y habilitar el servicio para los que no lo recibían, a pesar de sí constar en los archivos. Mientras, la responsabilidad del suministro de alimentos y gestión de las unidades sigue recayendo en las direcciones de Gastronomía y Comercio.

La asistencia social a los ancianos y otras poblaciones vulnerables continúa destacando como un servicio abandonado por la administración del Estado en los últimos años, lo que ha salido a la luz notablemente con el impacto de la pandemia del coronavirus.

Las estadísticas indican que la cantidad de suicidios en este grupo etario ha aumentado, eludiendo así la tristeza, el desamparo, la enfermedad, la pobreza o la soledad.

Especialmente duelen los casos de los tantos ancianos que se esforzaron por llevar hacia adelante un prometedor proyecto de país, y que a día de hoy el mismo solo les da la espalda.