sábado, mayo 8, 2021
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Gobierno cubano cita al encargado de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para pedir explicaciones sobre su informe de los Derechos Humanos

Timothy Zúñiga-Brown, Encargado de Negocios de Estados Unidos, fue convocado este lunes por el Gobierno cubano para responder por el malestar que su informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en 2020 provocó en las autoridades de la isla, dado que en él se acusaba a Cuba de aprovechar las restricciones implantadas durante la pandemia para aumentar la represión contra activistas y opositores.

Carlos Fernández de Cossío, Director General a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), fue el encargado de informar al diplomático estadounidense sobre el rotundo desacuerdo con las alegaciones “engañosas y politizadas” que transmitió sobre el Gobierno de la isla, según una nota de prensa publicada por la Cancillería cubana.

El comunicado cubano acusó, por su parte, al Gobierno de Estados Unidos de aprovecharse de la sensibilidad que ameritan los derechos humanos para continuar con su política agresiva contra “países que no se subordinan al gobierno estadounidense”.

El MINREX aseguró que el informe, el que reconoció que en Cuba exite un “Estado totalitario”, solo repitió “calumnias que grupos políticos de los Estados Unidos, con posiciones extremas contra Cuba, han formulado durante años”, y que estas no son más que “pretextos” para promocionar acciones hostiles.

El alegato del MINREX no tardó en sacar a relucir las constantes violaciones de los derechos humanos que allá también se comenten, relacionadas a intolerancias de todo tipo.

En la defensa cubana tampoco pudo faltar la reciente elección de la isla como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2021-2023. No obstante, el informe aseguró que en la isla se habían aprovechado las condiciones creadas por la pandemia para incrementar el número de detenciones arbitrarias, de allanamientos ilegales de viviendas y de juicios simulados contra los ciudadanos cubanos.

Antony Blinken, secretario de Estado, agregó al texto que Cuba continúa irrespetando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento de la población en la isla, pues es gravemente reprimida en caso de disentir. En el documento se recalcaron también las desapariciones forzadas y torturas contra los disidentes políticos, la inexistencia de libertad de prensa y la prohibición del derecho a formar partidos políticos.

El reporte norteamericano sobre la mayor de las Antillas emerge en una etapa en que el gobierno de Biden revisa la política de su país hacia la isla, considerando que el pilar de las relaciones internacionales de Washington constituye tanto los derechos humanos como la defensa de los valores democráticos.

Pese a que las autoridades y el pueblo cubano tienen la esperanza, desde que Biden asumió el liderazgo de la Casa Blanca, de que Cuba retome su momento de gloria con el deshielo de las relaciones entre ambas naciones, lo cierto es que el Gobierno caribeño no ha facilitado el camino y continúa firme en su voluntad de negar las sistemáticas violaciones de derechos humanos que acaecen en la isla.

El mandatario Miguel Díaz-Canel se refirió a la mención de Cuba en el informe como “indigna, inmoral y mentirosa”, a la vez que insistió que Estados Unidos “acude a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla heroica que sufre bloqueo criminal”, alegando que la población es quien más sufre dicho embargo.

No obstante, su alocución fue objetada por decenas de cubanos que rememoraron las arbitrariedades realizadas por su gobierno contra la población.

Santiago de Cuba cuenta hoy con más de 40 opositores al gobierno, pertenecientes la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que se encuentran en huelga de hambre para protestar contra la violencia y la represión a las que son sometidos por parte de la Seguridad del Estado. Las autoridades, sin embargo, se mantienen haciendo oídos sordos a las demandas de estos ciudadanos, de los cuales muchos se han debido hospitalizar luego de 17 días sin alimentarse.

Además, el Gobierno se opone a examinar el caso del joven activista Luis Robles, aprehendido el pasado diciembre por portar un cartel mediante el cual reclamaba el cese de la represión en la isla. El mismo Biden pidió a las autoridades libertad para Robles, alegando que nadie merece prisión por llevar una pancarta.

Este lunes también sucedió un violento acto de represión, que llegó a término con el arresto de de 7 opositores por lo menos y el cerco a los domicilios de más de 10 activistas.

La doctora Nelva Ismaray Ortega también fue apresada en el oriente de la isla, pues atendió la salud de los huelguistas, y en la capital fueron llevados bajo custodia policial los activistas, artistas y periodistas independientes Héctor Valdés Cocho, Esteban Rodríquez, María Matienzo, Manuel de la Cruz, Kirenia Yalit Nuñez y Luis Manuel Otero Alcántara.

Además de los mencionados, fueron sitiados en sus viviendas los activistas Iliana Hernández, Yasser Castellanos, Jorge Luis Capote Arias, Abu Duyanah Tamayo, Oscar Casanella, Camila Acosta, Amaury Pacheco OmniPoeta e Iris Ruiz.


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