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Ola de operativos policiales en Sancti Spíritus desmantela decenas de almacenes ilegales de alimentos, fábricas de ron, refrescos, dulces, pan y tabaco

Los agentes policiales de la provincia de Sancti Spíritus realizaron 1.050 operativos durante el mes de mayo contra individuos bajo acusaciones de gestionar casas almacén, acaparamiento, enriquecimiento ilícito, infracción de las normas de protección al consumidor y tráfico de divisas.

La policía recibió la mayor cantidad de denuncias en la cabecera provincial y las localidades de Jatibonico, Trinidad y Cabaiguán. Esta información fue reportada por el diario Escambray, obteniendo los datos de un informe ofrecido a la prensa por la dirección de la Policía Nacional Revolucionaria en esa provincia.

La policía espirituana desarticuló al menos 60 casas almacén en ese período, en las cuales se acumulaban principalmente productos agropecuarios y del hogar, 16 fábricas de ron, refrescos, dulces, tabaco, pan y 3 talleres destinados a la chapistería y pintura, todos considerados ilícitos.

Incluso cuando no se precisa quién protagonizó la mayor cantidad de delitos, se conoce que las violaciones sancionadas involucran a trabajadores estatales y del sector privado asociados a Comercio y Gastronomía, Mercados Agropecuarios y puntos de la Agricultura Urbana, así como que se multaron a 280 personas y otras 73 fueron apercibidas.

Las autoridades espirituanas detallan que, en lo que va de año, han realizado 187 confiscaciones, entre las que se destacan 534.007 libras de cebolla, 22.554 de tomate, 17.844 de arroz, 2.872 de ají, 2.426 de frijol, 1.814 de papa y 1.100 de boniato, 1.290 libras de carnes de res y de cerdo, 36.462 cajas de cigarros y 7.828 unidades de artículos de aseo.

Si bien Escambray asegura que el «enfrentamiento» busca «coartar todas aquellas conductas transgresoras y los delitos que afecten tanto a la economía de la nación como al bolsillo de los ciudadanos», la nota no precisa si los productos ocupados fueron vendidos a los pobladores de los territorios donde se hicieron los operativos. Tampoco aclara qué destino tuvieron.

Las acciones de la policía están amparadas bajo el Decreto 30/2021, el cual instaura multas cuantiosas para aquellos que alteren los precios y vulneren la protección al consumidor en la isla, así como en el Código Penal, en donde se tipifica el delito de acaparamiento con sanciones de multas de cien a trescientas cuotas o ambas, o privación de libertad de tres meses a un año.

En los primero cinco meses, las multas alcanzan 278, y marzo constituye el mes en que más sanciones económicas fueron aplicadas. Estos informes publicados se han hecho tendencia y son, a la vez, juicios ejemplarizantes para alertar sobre las consecuencias que sufren los infractores, mientras abogados cubanos se han mostrado preocupados a raíz de que exponer la identidad de los acusados a la población constituye una violación a sus derechos constitucionales.

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