viernes, septiembre 17, 2021
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Televisión cubana presenta como víctimas a la policía que reprimió a los manifestantes durante las protestas del 11 de julio

La prensa oficialista cubana continúa fiel al discurso designado como salvavidas de la imagen del régimen, negando la brutal violencia aplicada por las fuerzas policiales y militares contra los protestantes pacíficos de la histórica ola de manifestaciones del 11 de julio en la isla.

Pese a los muchos materiales que evidencian los disparos y las golpizas sobre los manifestantes, la estratégica campaña de difamación lanzada en los medios estatales de difusión masiva se ha centrado en hacer pasar a los agentes del orden del régimen como las víctimas de los disturbios.

La historia divulgada por el oficialismo de la isla recoge testimonios de numerosos agentes de la Policía que aseguran haber sido atacados violentamente durante las manifestaciones del domingo 11 de julio, siendo agredidos con piedras, y más de una lesión grave fue provocada gracias a esto.

Youbel Laffita, primer teniente, contó en un reportaje del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana que en los disturbios llovían las botellas de vidrio y la priedras.

El teniente coronel Omar Herrera alegó que las fuerzas que fueron desplegadas para aplacar las protestas no tenían orden de utilizar armas y que, de hecho, era todo lo contrario, pues les habían dado instrucciones expresas de no emplear el arma reglamentaria de la Policía; pero este testimonio, respaldado por el de su compañero, contrasta con muchas instantáneas compartidas en redes sociales sobre manifestantes heridos de bala.

El Gobierno, no obstante, sí tuvo que reconocer que se dio un fallecimiento de un civil durante las protestas, quien residía en el reparto La Güinera (Arroyo Naranjo, La Habana).

Ambos oficiales aseguraron que todas las fuerzas gubernamentales autorizadas a intervenir en las manifestaciones asistieron desarmadas, “sin ningún otro aditamento que la fuerza moral que nos distingue como miembros del Ministerio del Interior (MININT)”, afirmó Herrera.

Estos agentes fueron mostrados con sus madres, sus esposas, sus hijos, sus mascotas, en sus hogares; todo parte de una compleja artimaña para apelar a las emociones del público y hacer pasar a los miembros de las fuerzas represivas gubernamentales como héroes del país (en vez de simples monigotes).

Laffita indicó que los policías son parte del pueblo y que ellos no son “el enemigo”, sino que ese es el Gobierno de Estados Unidos.

A pesar de que el Gobierno cubano niegue haber empleado cualquier tipo de represión violenta y torturas a detenidos, y de que existan desapariciones, las denuncias de familiares y allegados de víctimas se multiplican con cada segundo en las redes sociales.

Más de un vídeo ha circulado sobre efectivos de la Policía bajándose de una patrulla y comenzando a disparar hacia la turba. Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, falleció durante los sucesos en La Güinera por una herida de bala, y en los medios oficiales fue presentado como un “delincuente”.

Muchos de los detenidos tras manifestarse el pasado 11 de julio han denunciado haber recibido graves golpizas por parte de oficiales mientras estaban recluidos, como es el caso de Leonardo Romero Negrín, estudiante de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.

Tanto altos funcionarios del Gobierno como la prensa oficialista niegan todas estas acusaciones y responden con difamación y vulgar tergiversación de los hechos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por la organización independiente Cubalex, 700 personas integran la lista de detenidos y desaparecidos durante el 11J.

Mientras, el grupo Militares Objetores de Conciencia (MOC) presentó una moción al Tribunal Supremo de Cuba para que se procese judicialmente al gobernante Miguel Díaz-Canel por su público y explícito llamado al enfrentamiento entre civiles cubanos. El conjunto está formado por decenas de militares activos y en la reserva con una clara postura en contra de la violencia.

El grupo envió una misiva pública al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, para que se juzgue al presidente cubano bajo cargos de “incitación para delinquir”, “abuso en el ejercicio del cargo”, “terrorismo”, “genocidio” y “violación de las normas de derechos humanos”. Irónicamente, la “incitación para delinquir” ha sido el delito por el que se ha procesado a todos los civiles detenidos del 11J.

Radio Televisión Martí indicó que la carta fue firmada por el general de brigada Rafael Del Pino Díaz, el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose, el teniente coronel Raúl Luis Risco Pérez, el teniente coronel Mario Rivas Morales, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, y el teniente Ángel Madrazo Giro.

Los firmantes han acusado al general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas y al general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera (ministro del Interior y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, respectivamente) de ser “cómplices por cooperación necesaria”.

El texto alegaba que Díaz-Canel convocó a sus seguidores, partidarios y subordinados a enfrentar violentamente a cubanos desarmados, mediante una comparecencia televisiva y radial.

El mandatario llamó a “defender la Revolución” al decir: “La orden está: a la calle los revolucionarios”. Siempre ha negado, desde entonces, haber incitado una guerra civil.

Además, un grupo de congresistas estadounidenses pidieron mediante una carta oficial a Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, que cancelara la cuenta oficial del gobernante cubano por estos precisos llamados al odio y a la violencia.


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