viernes, septiembre 17, 2021
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¿Puede ser juzgado Díaz-Canel por la represión de las protestas del 11 de julio en Cuba?

La Corte Penal Internacional podría llegar a juzgar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por su muy explícito llamado al odio, a la violencia y al enfrentamiento entre civiles cubanos, partidarios y opositores al régimen. Tanto las leyes internacionales como las cubanas penalizan este tipo de acciones, aunque lo más difícil es que la demanda llegue a juicio.

El mandatario cubano incitó a que “todos los revolucionarios y comunistas” salieran a las calles de la isla a enfrentar a los manifestantes que se alzaron el pasado 11 de julio. Fue tajante al expresar: “Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuesto a todo”.

Las fuerzas policiales, militares y civiles del régimen cubano salieron de inmediato a reprimir violentamente a los protestantes, dejando listados de más de 600 personas detenidas y desaparecidas (de acuerdo con medios de prensa independientes, pues los oficiales han negado que siquiera se hayan producido conflictos violentos).

Oficiales de la Policía, brigadas especiales y turbas paramilitares armadas con palos se lanzaron contra los cubanos que protestaban pacíficamente contra la crisis general en Cuba y la pobre e irresponsable gestión del mandatario, generando miles de evidencias de golpizas, heridos de bala, arrestos en viviendas, desapariciones, injustas condenas a prisión, amenazas e, incluso, un fallecido.

El Gobierno cubano se vio obligado a reconocer que la muerte del manifestante se produjo a causa de disparos de la Policía, aunque difamó toda su historia y su lucha tildándolo de ser un mero “delincuente”, y más tarde se molestó en negar todo y ofrecer nuevos testimonios de agentes de Policía que aseguraban ni siquiera haber asistido armados a las locaciones de los disturbios.

Es una realidad que sería muy difícil pescar a este “pez gordo”, pues aunque el ejercicio del derecho acusatorio es legal en la isla, la mayoría de las normas jurídicas/políticas asociadas a estos entes imposibilitan la realización de su proceso penal.

Aunque en todos o gran parte de los países del mundo es igual de improbable el juzgamiento de un funcionario de tan alto nivel (sobre todo mientras ejerce su cargo), el caso de Cuba resulta incluso más complejo porque el principio de igualdad ciudadana ante la ley en la isla es una especie de quimera, donde no existe independencia de poderes ni nociones de democracia, y el derecho y la aceptación de obligaciones internacionales responden a los intereses del Gobierno y no de la población.

Cualquier organización internacional de derechos humanos que decida representar a las víctimas o al pueblo cubano en general en este enfrentamiento, tendrá la potestad para presentar una acusación formal contra Miguel Díaz-Canel ante la Corte Penal Internacional.

Díaz-Canel podría ser acusado de haber cometido los delitos de genocidio y/o lesa humanidad, establecidos en los artículos 6 (incisos b y c) y 7 (incisos a e i) del Apartado 2 del Estatuto de Roma, respectivamente.

El funcionario es el supremo líder de Cuba, con el máximo poder sobre el Estado (como presidente de la República) y sobre el Partido Comunista de Cuba (como su primer secretario), este último siendo un poder supraconstitucional de corte político, por lo que constituye el mayor responsable por los males de la isla.

El término “genocidio” se entiende como aquellos actos que amenacen el bienestar de un individuo o una colectividad, esos que causen intencionalmente lesiones a la integridad física o mental de la población (asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución y represión, desaparición forzada de personas, etc).

Los actos, en un genocidio, deben ser “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, contribuyendo a causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, y/o el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

Por su parte, el delito de lesa humanidad, se define como el “ataque contra una población civil”, siguiendo una misma orden, patrón o línea de conducta que implique llevar a cabo varios de los actos mencionados en el párrafo anterior.

Sin embargo, juzgar al presidente en la Corte Penal Internacional es un asunto diferente. La no pertenencia del Estado cubano al Estatuto de Roma impide que Díaz-Canel pueda ser procesado de forma penal en esta jurisdicción. Una acusación formal en esta instancia del derecho internacional serviría, no obstante, como constancia y documentación frente a una probable y futura Ley de Memoria Histórica en Cuba, además de ser una práctica común contra aquellos jefes de estados, gobiernos y estructuras represivas oficiales de regímenes totalitarios no adheridos al Estatuto de Roma.

Los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir a presentar una acusación formal contra Díaz-Canel en cualquier unidad de la Policía, pues el derecho a la denuncia es inviolable, protegido por el Artículo 386 de la Ley de Procedimiento Penal (LPP). Luego, las autoridades policiales deben proceder solicitar una “autorización para proceder a la práctica de las oportunas diligencias” de investigación.

Ante la negativa a radicar una denuncia fundamentada en razones, la autoridad en cuestión puede ser acusada por el delito de desobediencia al mandato de la Ley.

Es de entender que el Buró Político del PCC no otorgue dicho permiso al gozar el mandatario del privilegio del cargo y de la ideología política, por lo que conllevaría de facto que se archivaran dichas denuncias.

La situación cubana actual es inédita, y aunque la Constitución sancione la violación al principio de igualdad, la realidad es que algunos son más propensos a la impunidad que otros.

Los miembros del Buró Político, al proteger al mandatario, podrían ser procesados bajo la misma acusación penal que el presidente, así como del delito de encubrimiento, de acuerdo con los estipulado por el Artículo 160 del Código Penal.

Incluso si todas las denuncias fueran archivadas, contribuirían a formar parte de la memoria histórica del pueblo, para un día poder reclamar responsabilidades en un verdadero Estado de Derecho ante la impunidad con la que actúa el Gobierno de la isla.


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