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Protestas del 11 de julio en Cuba podrían provocar que el Gobierno apruebe reformas económicas aceleradas para intentar aplacar ánimos en la población

Expertos han declarado que las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace poco menos de un mes en Cuba podrían impactan negativamente en la frágil economía doméstica nacional, pero también podrían acelerar las reformas en la isla.

Las protestas fueron generadas a partir del descontento de la población cubana respecto a los periódicos apagones eléctricos, la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, así como por la falta de libertades civiles.

Incluso cuando las fuerzas del orden reprimieron los disturbios, a orden del mandatario Miguel Díaz-Canel, Joe Biden condenó la violencia desplegada por el Gobierno cubano y sancionó a la isla de forma que se esperan otras medidas más severas, que distancian cada vez más al pueblo de Cuba de una posible reconciliación política y económica con el país norteño.

Omar Everleny, economista cubano y exprofesor de la Universidad de La Habana, comentó que las protestas incurrieron en desvanecer «las esperanzas de que el gobierno de Biden levante al menos las sanciones de la era Trump». Sin embargo, recalcó, observando la situación a través de un prisma positivista, que el suceso «indica que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en términos de mejorar la economía sin esperar a Estados Unidos».

Las autoridades caribeñas, desde que tomaron lugar los hechos, se han comprometido con acelerar la aprobación de regulaciones que otorguen estatus legal a las pequeñas y medianas empresas existentes y futuras, así como varios otros ajustes a la economía centralizada y controlada por el Estado, como la legalización de las ventas de garaje y la importación ilimitada de alimentos y medicamentos exentos de aranceles.

No obstante, los ejecutivos extranjeros se han mostrado preocupados por la inaccesibilidad del trabajo con la isla, que ha sido casi totalmente excluida del sistema financiero internacional.

Un empresario europeo con años de experiencia en Cuba mencionó que «ahora, los funcionarios siempre conservadores tienen una razón más y nuevas sanciones para hacer casi imposible incluso la banca simple». Además, la imagen de la isla como un país estable se ve aquejada por dichas muestras de descontento popular.

Asimismo, las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump y las circunstancias apremiantes a raíz de la pandemia del COVID-19 hacen de la economía cubana un sistema dependiente de importaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, el sector se redujo un 10,8% en 2020, y la industria turística lleva casi paralizada por 18 meses, mismo período en que las importaciones cayeron en alrededor del 40%.

El Gobierno cubano ha reconocido necesitar ayuda de forma significativa ante los nuevos rebrotes que dejan un saldo de aproximadamente 9.000 nuevos casos positivos y 60 fallecimientos cada día. La cepa Delta del coronavirus amenaza con debilitar aún más una economía devastada y con colapsar el sistema de salud con el que el país se mantiene a flote a consecuencia de la venta de servicios médicos.

Desde el comienzo de la pandemia en la isla, el Gobierno prometió que se priorizaría el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, la producción de alimentos, la descentralización de las empresas estatales y el crecimiento del sector privado.

Un inversionista europeo recalcó que, sin embargo, la implementación de las reformas está demorando más de lo que debería, sobre la base de una economía sobrerregulada y burocrática. Puntualizó que las autoridades «necesitan emitir algún tipo de decreto que no solo les permita a los gerentes actuar y pedir permiso más tarde, si es que lo hacen, sino que los castigue si no lo hacen», pues dijo que hay demasiadas reglas y demasiado miedo a romperlas.

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