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Gobierno cubano dice que tras el cierre de las oficinas de Western Union los cubanos se han visto obligados a pagar hasta 30 dólares por cada 100 que envían como remesas a través de «canales irregulares»

El Gobierno cubano se hizo hoy el preocupado por los altos costos que están asumiendo los cubanos que envían remesas por «canales irregulares» desde el extranjero a Cuba, pues asegura que tras el cierre de las oficinas de la compañía Western Union en la isla para hacer llegar 100 dólares los interesados deben pagar un promedio de 30 dólares a las empresas remesadoras privadas que gestionan estos envíos.

«La principal consecuencia de la interrupción de las remesas a través de los canales formales e institucionales fue el aumento de la dificultad y los costos para recibirlas. La medida ha impactado negativamente en el nivel de vida de los receptores y en los bolsillos de quienes las envían. Se dice que actualmente las personas están pagando en Estados Unidos hasta 30 dólares o más por cada cien que envían a sus familiares en Cuba e a través de canales irregulares, es decir», comentó en una entrevista ofrecida al portal oficialista Cubadebate el Gerente General de FINCIMEX, Yamil Hernández González.

Según el funcionario, quien negó cualquier relación de FINCIMEX con las Fuerzas Armadas de Cuba como se ha publicado en innumerables ocasiones durante los últimos años, el cierre de las oficinas de Western Union en la isla «es un castigo inmerecido al pueblo de Cuba y a sus familiares en Estados Unidos».

De igual forma, reconoció que el envío de remesas por vías alternativas, que se han disparado desde mediados del pasado año, escapa del control del Gobierno cubano y dijo que esto «va en contra de lo que la comunidad internacional intenta organizar y regular».

Hernández González dejó claro que la posición de las autoridades cubanas, si llega a restablecerse el envío de remesas por los canales regulares desde Estados Unidos al país será bajo el control del Gobierno.

«Cada país dispone y organiza en su territorio nacional la recepción de remesas conforme mejor determine, cumpliendo con sus propias leyes y con normativas internacionales. Se trata de una prerrogativa soberana. Estados Unidos no puede dictarle eso a ningún país. Pretenderlo es una violación del Derecho Internacional», advirtió.

Sobre las acusaciones que pesan sobre FINCIMEX de retener parte de las remesas recibidas a su favor con un absurdo gravamen y la entrega de moneda nacional al cambio oficial en vez de dólares, el directivo aseguró que la empresa «no retenía ni aplicaba gravamen alguno a los montos gestionados».

«Es falso que sea una entidad militar. Es falso que la institución, las fuerzas armadas o el gobierno cubano retuvieran un porcentaje del monto remesado (…) Western Union pagaba a FINCIMEX un dólar por cada cien remesados, por concepto de servicios prestados, lo cual es una práctica común en la industria de remesas internacionales. Es falso que FINCIMEX, el gobierno cubano o las fuerzas armadas se apropiaran de un 20 o un 40 por ciento del dinero remesado a Cuba desde Estados Unidos. Insisto, el dinero remesado no era objeto de gravamen alguno al ingresar a Cuba. El destinatario recibía el monto remesado total e íntegramente», enfatizó el Gerente General de FINCIMEX, pero sin mencionar en ningún momento el famoso gravamen del 10 por ciento que por muchos años debía pagarse por cada dólar recibido o que el Gobierno entregaba las remeas en pesos cubanos, al cambio oficial vigente impuesto por sus propios bancos.

«Somos una entidad financiera 100 por ciento civil y ninguno de nuestros trabajadores es militar. Los ingresos por servicios prestados formaban parte de las entradas generales del país y se destinaban tanto al sostenimiento y funcionamiento de la propia empresa -incluyendo su infraestructura tecnológica- como a realizar aportes al presupuesto nacional y a la economía en su conjunto», agregó.

A mediados del pasado mes de julio, solo días después de las masivas protestas que hicieron historia en Cuba, el presidente Joe Biden anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar la política de remesas de Estados Unidos, para asegurar que el dinero que los cubanoamericanos envían a casa llegue directamente a sus familias, sin que el régimen se lleve una parte.

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