miércoles, diciembre 8, 2021
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Gobierno cubano abre la batalla campal contra el dinero digital y las criptomonedas

El Gobierno cubano acaba de declararle abiertamente la guerra a las divisas digitales, pues el Banco Central de Cuba (BCC) publicó este 26 de agosto en la Gaceta Oficial la Resolución 215/2021, la que regula las transacciones económicas y financieras virtuales realizadas dentro de la isla.

Las autoridades explicaron que la disposición pretende continuar con el cumplimiento del Decreto-Ley 317 (2013), de «prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», debido a «la excesiva anonimidad de los usuarios registrados en dichas redes».

La nueva ley declara al BCC como autoridad rectora en el asunto, estipulando directrices para prevenir y evitar el uso del Sistema Bancario y Financiero cubano en la vinculación con este tipo de delitos.

Evidentemente, el régimen de la isla se siente amenazado por este nuevo tipo de transacciones comerciales, sospechando que el papel del BCC quedará debilitado por la novedad, a causa de la manifiesta incapacidad institucional para controlar el funcionamiento del mercado de dinero y de cambios, y para regular los sistemas de pago del país y dictar las reglas para sus operaciones.

La normativa se apoya además en el hecho de que el Peso Cubano (CUP) constituye la única moneda que posee curso legal con plenos efectos liberatorios en el territorio nacional, algo contradictorio si se toma en cuenta que las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) parecen haber llegado para quedarse.

La medida también toma carácter extraterritorial al aludir al Decreto-Ley 362 (2018), el que permite aplicar las sanciones descritas en el mismo a personas no comprendidas expresamente en ellas, en caso de que lleven a cabo «operaciones en el territorio nacional que guarden relación con la actividad financiera y cambiaria y que por su volumen o por razones de política monetaria, crediticia y cambiaria, requieran autorización del Banco Central de Cuba».

El marco protocolar regulatorio para los activos virtuales y los proveedores de los mismos en Cuba quedó fijado aún cuando ellos operan fuera del Sistema Bancario y Financiero nacional, provocando consecuencias que podrían implicar riesgos considerables para la política monetaria y la estabilidad financiera cubana.

Aunque al Gobierno no le gusten, estos activos digitales gozan de gran aceptación y popularidad gracias a sus elevadas rentabilidades.

La Resolución 215/2021, por tanto, define el modelo de intervención de la maquinaria comunista cubana en el muy complejo universo de las monedas virtuales y las transacciones en el ciberespacio.

Las autoridades, lo mismo por prepotencia que por ingenuidad, no solo han continuado sumergidas en su creencia de que publicar normas en la Gaceta Oficial les permite verdaderamente intervenir de alguna forma en la actividad económica privada de la isla, sino que también pretenden incursionar con éxito en un campo en el que otros países (con mejor estructura bancaria y monetaria y mayor experiencia) han fracasado.

La publicación oficialista llegó incluso a definir de forma errónea algunos conceptos como «activo virtual», el que equivalió a términos semióticamente distintos como «activo digital», «criptoactivo», «criptomoneda», «criptodivisa», «moneda virtual» y «moneda digital».

El proveedor de servicios de activos virtuales quedó descrito como «cualquier persona natural o jurídica que en su negocio o actividades se dedica al intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal; al intercambio entre una o más formas de activos virtuales; la transferencia de activos virtuales; la custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; y a la participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual».

Aún cuando la tendencia global se inclina a la virtualidad y al uso de la digitalización financiera, sobre todo en tema de remesas de emigrados (tan importante tanto para la población como para el Gobierno de la isla), el régimen parece querer aislar al país de nuevas y más democráticas tecnologías.

Encima, la disposición establece que las instituciones financieras y demás personas jurídicas pueden únicamente usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales, en caso de realizar operaciones monetario-mercantiles y de canje y recanje, o satisfacer obligaciones pecuniarias (autorizadas por el BCC). Justamente, la estatal Correos de Cuba obtuvo recientemente una licencia del tipo.

De esta forma, queda autorizada la delación y el espionaje social por parte de instituciones financieras estatales para realizar incautaciones y confiscaciones de negocios de moneda virtual en el país, como implementación de medidas contra infractores de la disposición.

Además, se advirtió que «las personas naturales asumen los riesgos y responsabilidades que en el orden civil y penal se derivan por operar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que funcionan al margen del Sistema Bancario y Financiero, aun cuando no están prohibidas las transacciones con activos virtuales entre dichas personas».


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