miércoles, diciembre 8, 2021
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Cuba: A dos meses de las protestas del 11 de julio ¿qué pasó con los manifestantes arrestados y sus demandas al Gobierno?

La artista visual y activista cubana Salomé García Bacallao comentó que los participantes de las protestas populares masivas del pasado 11 de julio en la isla establecieron una serie de demandas básicas, como las relativas a la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas para el país.

El Gobierno desestimó de inmediato las protestas y las tildó de «disturbios a escala muy limitada», donde únicamente participaron «mercenarios», «vándalos» y «revolucionarios confundidos», como resultado de operaciones malintencionadas del Gobierno estadounidense.

Mientras, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó al enfrentamiento civil y a la represión inescrupulosa contra los manifestantes, sumados a un apagón de conectividad que duró más de una semana en toda la isla, aunque fueron muchas las imágenes de violencia policial y militar que circularon por las redes.

Se produjeron más de 600 detenciones arbitrarias a manifestantes, durante y después de las acciones, así como la celebración de más de 1.000 juicios sumarios, exprés y sin abogados defensores para sancionarlos; sin embargo, ninguna cifra oficial se publicó al respecto.

Desde entonces, y como consecuencia a los millones de críticas antigubernamentales recibidas, el régimen decidió desplegar una campaña de maquillaje político para limpiar su imagen pública, a pesar de que han sido más las medidas para evitar que nuevas revueltas estallen que las concesiones para satisfacer las demandas populares.

No obstante, gran parte de las personas detenidas hace más de 2 meses continúan encarceladas, y los adolescentes que fueron arrestados fueron juzgados como adultos.

Activistas independientes y ONGs como Cubalex han prestado asesoría jurídica a los detenidos y han recogido los registros de demandas y número de encarcelamientos y desapariciones forzadas.

Personas como la periodista independiente María Matienzo han advertido que estos subregistros son altamente sesgados, pues muchas familias, especialmente aquellas dentro de la población negra y mestiza nacional, carecen de los medios y la tecnología informática necesaria para denunciar públicamente las desapariciones de sus miembros.

Bacallao afirmó que los liberados han sido «personas con cierta visibilidad: artistas, estudiantes, universitarios, gente con redes de apoyo», mientras que las personas aún detenidas son residentes de barrios marginalizados, donde las protestas tomaron mayor auge, quienes están siendo penalmente procesados por cargos de desórdenes públicos, desacato, o instigación a delinquir, e incluso desorden público agravado, atentado o delitos contra la Seguridad del Estado.

Además, muchos detenidos y familiares dentro de la isla han sido sometidos a interrogatorios, amenazas y multas, como medidas de escarmiento popular.

Mientras, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR) y la jerarquía católica de la isla han ofrecido asesoría a las víctimas.

Las manifestaciones, además, destrabaron la implementación de disposiciones que forman parte de los reclamos sociales desde hace décadas, como la eliminación temporal de topes y aranceles para la importación de medicinas, alimentos y productos de higiene «por la vía del pasajero», y la formalización de la tan postergada  legalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Sin embargo, también obtuvo un instrumento penal la censura al disenso en internet y redes sociales bajo el pretexto de la «ciberseguridad».

Cañive mencionó que al Gobierno «le hubiese gustado dar una respuesta con vacunación», aspirando a ser el primer país del mundo en inmunizar a toda su población con vacunas nacionales. Pero «solo se estuvo produciendo Abdala y ya empezaron a emplear la vacuna china (de Sinopharm), pero no han sido transparentes sobre esto”, indicó.

Bacallao prevé que, «a pesar de todo este terror desplegado, y aunque demore, un nuevo estallido social es inevitable», y Cañive coincide. Dijo que, incluso cuando países aliados como México, Rusia o China envíen donaciones, el Estado cubano no tiene recursos para responder a los reclamos más básicos de los protagonistas de las protestas.

No obstante, admitió que la sociedad civil cubana que reside en la isla, representada por movimientos opositores como la UNPACU, el MSI o el 27N, «llegó al 11J muy diezmada en su capacidad de actuación».

Cañive considera que los disidentes que demostraron un activismo latente no pudieron incorporarse a la protesta, y que los que lo intentaron resultaron aprehendidos.

Por tanto, el jurista dijo que desde el 11J se ha evidenciado una activación de otros actores sociales: «familiares de personas que empiezan a sufrir por primera vez la represión; madres y padres de detenidos, que entendieron que había que denunciar».

Sin embargo, la represión ha logrado aplacar «esa chispita que se encendió», según Mabel Cuesta, es decir, que la población no está dispuesta a ser encarcelada o asesinada luchando por poderes que la cúpula militar e ideológica no va a ceder. Por tanto, precisó que «los jóvenes, una vez más, se van a ir, a donde puedan, los que puedan».

Por su parte, Bacallao insistió en hacer un llamado a la comunidad cubana en el extranjero a continuar exigiendo justicia y libertad, a crear redes de apoyo, a recaudar los recursos materiales para respaldar la causa. Si no sucede de esta manera, alertó, «las personas sentirán que no estarán respaldadas ante un nuevo estallido social».


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