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Ministerio de Salud Pública aclara que las regulaciones a médicos cubanos en viajes al extranjero se mantienen

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) emitió una nota informativa para aclarar que las regulaciones ya vigentes (desde 2015) aplicadas a los profesionales sanitarios cubanos son las únicas que existen, debido al audio circulado en los últimos días sobre el supuesto autorizo de profesionales de la Salud para viajar al exterior por asuntos particulares.

El anuncio enfatizó en que no se han estipulado nuevas medidas al respecto desde las que entraron en vigor en 2015.

Se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales un audio donde una presunta directiva del área de la Salud hablaba sobre unas nuevas restricciones para los médicos cubanos con vigor a partir del venidero mes de noviembre. Nadie ha logrado aún identificar la autoría o la procedencia del material.

La voz del mensaje reenviado predicaba que desde el próximo 26 de noviembre comenzaría «el proceso de regulación de todos los trabajadores de Salud Pública de primera línea», cuando se supone que haya concluido la campaña de vacunación contra el coronavirus en toda la isla.

La supuesta funcionaria aseguró que esta norma se aplicaría a médicos, recién graduados y «especialistas de cualquier rango», dígase enfermeros, estomatólogos, laboratoristas y licenciados vinculados al sector, apuntando que «el país los necesita para enfrentar el tema pandemia y la situación de salubridad y epidemiológica».

El material detallaba sobre la existencia de una base de datos de regulados de la Salud que debía revisar y firmar para enviarla a directivos de la provincia, tratándose presumiblemente de La Habana. La mujer afirmó que se sentía presionada debido a que «los primeros que vamos regulados somos nosotros los cuadros».

Aún cuando se haya tratado de una información falsa, el MINSAP no presenta ninguna necesidad por restringir incluso más la libertad de movimiento de sus profesionales.

La legislación que pretende evitar el éxodo masivo del país y la fuga de cerebros fue impuesta desde octubre de 2012, justamente a 3 meses de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) derogara el permiso de salida del país conocido como Tarjeta Blanca.

En ese momento se aprobaron los decretos leyes 302 y 306, modificativos a la ley 1312 («Ley de Migración»), los que establecen las limitaciones de entrada y salida de Cuba para todos los nacionales residentes en el país, con énfasis en el personal altamente calificado, como «graduados de la educación superior que realizan actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país en los programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud», como dicta el artículo primero, inciso b del Decreto-Ley 306.

El mismo texto, pero en el artículo segundo, estipula que ellos «pueden ser autorizados, previo análisis de cada caso», para realizar salidas temporales; y solo serán autorizados para residir en el exterior cuando hayan transcurrido 5 años de solicitar la salida, alegando que esto pretende garantizar el «relevo en la actividad vital de que se trate».

Este instrumento jurídico es lo suficientemente ambiguo como para impedir que cualquier cubano salga o entre a la isla por razones de interés del estado.

Esta legislación prohíbe a Bufetes Colectivos a que expidan y certifiquen diplomas y resultados académicos a nacionales para que no puedan desempeñarse en sus profesiones o puedan superarse profesionalmente en el exterior de Cuba.

El artículo 135 del Código Penal (1986) penaliza también el abandono de funciones laborales, con sanciones de entre 3 y 8 años de prisión o con el destierro. Los profesionales sanitarios son los que actualmente sufren mayormente este tipo de penalizaciones, al desertar de las llamadas «misiones internacionalistas».

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