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Hasta 18 años de cárcel pudieran estar cayéndoles a cerca de un centenar de manifestantes del 11J

Algunas organizaciones como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, han documentado más de 90 peticiones fiscales de hasta 18 años de prisión tras la histórica jornada del 11 de julio pasado.

Este lunes, Salomé García Bacallao aseguró haber consultado documentos de peticiones fiscales en varias provincias, que junto a los testimonios de familiares han permitido contabilizar las condenas que piden para algunos de los manifestantes.

“Hasta ahora hemos registrado 95 peticiones fiscales, 3 personas son Damas de Blanco que no fueron detenidas el 11 de julio y que les están pidiendo prisión”, precisó la activista y agregó que “nadie se esperaba que les fuera a pedir prisiones, sin embargo, les están pidiendo seis, siete y cuatro años. Sus nombres son Dania Abascal, Daniela Echavarría y Jacqueline Heredia y, al no encontrarse en prisión provisional, no forman parte del listado de detenidos.

La cantidad de cubanos detenidos por manifestarse entre el 11 y el 14 de julio asciende a 1125. De acuerdo a un listado elaborado de forma independiente, de los 95 casis con petición fiscal, el grupo más numeroso es de 21 imputados con ocho años de cárcel.

Le siguen un grupo de 18 personas a las que fiscalía pide 12 años de privación de libertad y otro grupo de 11 con peticiones de seis años. La pena máxima solicitada, por ahora, es de 18 años de prisión a dos cubanos.

captura de pantalla Instagram

Entre los casos documentados por activistas, existen los que están acusados de sabotaje. Se trata de involucrados en actos vandálicos a las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) a los que aún no se les ha comunicado la petición fiscal, de acuerdo a García Bacallao.

“Sabemos que hay por lo menos 13 personas en Colón, Matanzas y… no solo están acusadas de sabotaje”, dijo la activista y agregó que, a esta causa, fiscalía suma otras como daños, robo con fuerza y, posiblemente, desorden público. “Es una combinación de delitos”, precisó.

En sus artículos 104 y 105, el Código Penal vigente establece el sabotaje como un delito en contra la seguridad del estado. Las condenas son de dos a 10 años de privación de libertad, y de 10 a 20 con pena de muerte incluida, respectivamente, para quienes incurran en este delito.

En otras palabras, el que de manera consciente ocasione “graves daños o perjuicios” a las actividades socioeconómicas del país, entre otras, poniendo “en peligro la seguridad colectiva” puede pagar con su vida.

“Es decir -aclara la activista- que a estas personas pueden estarles pidiendo hasta 30 años, entonces, estamos viendo peticiones [fiscales] muy extremas”, dijo y lamentó desconocer el total de las personas que podrían enfrentar una condena similar.

“No sabemos qué cantidad son; sabemos que se vandalizó tiendas en Colón, en Cárdenas en Güira de Melena”, detalló y precisó que “estos casos los está llevando la Fiscalía Militar” y que podrían rondar la veintena o más.


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FuenteCiberCuba
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