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A 28 años de la «Operación Maceta», la operación organizada por el Gobierno cubano contra la población por el simple hecho de tener dinero en sus manos

Un 24 de octubre, pero hace 28 años, el Gobierno cubano lanzó una batalla campal contra miles de personas a las que acusó de tener ingresos ilícitos, y aunque es cierto que fueron a la cárcel decenas de delincuentes, también cayeron en el hueco muchos prósperos emprendedores que estaban ganando dinero con el sudor de su frente.

A partir de ese ese día del año 1993, bastaba tener la fachada de la casa recién pintada, llevar ropa nueva o portar una cadena de oro para ser denunciado ante las autoridades por los chivatos del barrio.

En el operativo fue intervenida una inmensa red de vendedores de cocaína, la cual era introducida al país a través de viajeros que la introducían en minimas cantidades, o gracias a los recalos que llegaban a las costas cubanas de las operaciones de contrabando que tenían rutas cercanas a la isla.

La Operación Maceta o Cascabel, nombre este ultimo menos conocido para este plan, se inicio una larga investigación que partió el 6 de noviembre de 1990, en la cual se abrieron expedientes contra miles de cubanos de forma simultánea a lo largo de todo el país.

«Los primeros resultados de las actuaciones, que serán continuados y profundizados, evidencian que estos malhechores operaban como regla a partir del chantaje, el socialismo, el comprometimiento y la complicidad de algunos funcionarios y administradores corruptos a nivel de empresas y establecimientos», reflejaba entonces la prensa oficialista.

El diario Granma señalaba entonces que «la comisión de los delitos se realizaba generalmente al amparo de negligencias administrativas y fraudes, incluida la falsificación de documentos y mediante el soborno y la corrupción eran creadas redes que facilitaban extraer recursos deficitarios, desviarlos de su destino, transportarlos y comercializarlos a precios elevados, todo ello en detrimento del suministro a la población».

Tal modus operandi permitió a estos individuos obtener «ganancias exorbitantes», convirtiéndose en «verdaderos magnates del delito», y «muchos de ellos» se hicieron «de esa forma de residencias, autos, equipos electrodomésticos, joyas, obras de arte, así como acumular considerables sumas de dinero en moneda nacional y divisas extranjeras».

De acuerdo a los reportes de prensa, «los delincuentes hallaron también cómplices para sus fechorías, en un exiguo número de oficiales y agentes de Orden Interior, lo que contribuyó a que se creara cierto clima de impunidad en los ambientes antisociales de la capital».

El valor del patrimonio general de los implicados (o sea, el conjunto de los bienes incautados), que pasó a manos del Estado, superó los 100 millones de pesos. Se decomisaron decenas de autos, motos, viviendas y camiones. El dinero efectivo en divisas que fue expropiado sobrepasó el millón de dólares.

Hoy están latentes estos sucesos del 24 de octubre de 1993, y muchos cuentapropistas se preguntan, desconfiados: ¿Esto que nos dejan hacer no será más que otra trampa del Estado?

 

 

 

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