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Casi medio centenar de cubanos han sido sancionados bajo la ‘Ley Azote’, que castiga publicaciones críticas contra el Gobierno en las redes sociales

El Decreto-Ley 370 «Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba» ha funcionado como un mecanismo estatal sólido para arremeter contra un mínimo de 40 ciudadanos cubanos, lo mismo conocidos opositores que activistas por los derechos humanos, que periodistas independientes o personas no vinculadas con estos tipos de labores ‘reaccionarias’.

El proyecto de periodismo de datos Inventario proporcionó recientemente un informe donde se contabilizan todos los que han sido sancionados (de los que se tiene conocimiento) bajo esta legislación, cuya entrada en vigor se dio el 4 de julio de 2019.

La normativa popularmente llamada «Ley Azote» es empleada por las fuerzas judiciales y políticas estatales cubanas para escarmentar a cubanos por difundir información y opiniones consideradas como ‘inconvenientes’ en redes sociales.

La norma dicta una serie de contravenciones y sanciones vinculadas al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para la tenencia, distribución y comercialización de equipos y software, el hospedaje de sitios web en servidores en el extranjero y la difusión de información a través de redes públicas de transmisión de datos.

Inventario precisó que la mayor parte de los castigados bajo estos cargos suelen ser opositores reconocidos, pero el inciso i del Artículo 68 también ha sido aplicado contra ciudadanos comunes.

Este apartado establece que «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas», infringe el decreto-ley.

Mientras, el Artículo 70 del mismo impone que a los infractores se le deben aplicar multas de 3.000 Pesos Cubanos (CUP), aunque a veces esta sanción se combina con la confiscación del teléfono de la persona, acción respaldada por el Artículo 71.

Inventario esclareció que el registro que ellos publicaron solo incluye las condenas implantadas bajo el Decreto-Ley 370 que han sido denunciadas públicamente por la ciudadanía.

El proyecto destacó además que la información utilizada para este informe fue recuperada y recopilada gracias a la sistematización previa que llevó a cabo el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), tomando en cuenta reportes de prensa independiente, entrevistas directas con los multados y documentos que certifican las sanciones.

Se señaló que esta base de datos continuará creciendo y actualizándose en medida que se hagan públicas nuevas y viejas sanciones.

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