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Rusia tiene un rol en la represión de los manifestantes del 11J y los promotores del 15N en Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha activado a todos los componentes de su aparato estatal represivo para arremeter contra todos los ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales pacíficas del pasado 11 de julio, siendo la Fiscalía General de la República de Cuba uno de los pilares de la estrategia comunista de escarmiento.

Esta ha desempeñado el papel de rematar, por las «vías legales» que dicta el país, los abusos contra los manifestantes, exigiendo la imposición de viles y exageradísimas condenas de cárcel para estos cubanos, con el objetivo de desalentar futuras protestas contra el régimen castrista.

También los promotores e impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el venidero lunes 15 de noviembre, han recibido amenazas de imputación de delitos por parte de los fiscales cubanos.

Estos actores se hallan en pleno derecho de realizar estas intimidaciones, cumpliendo con su deber de promover y ejecutar «la acción penal pública en representación del Estado», instituido en el Artículo 1 de la Ley 83 de la Fiscalía General de la República.

Cabe resaltar que en Cuba no existe separación de poderes y solo es legal un partido político (por lo que todos los órganos, organismos y organizaciones de la nación velan por los intereses de este), además de que aunque se reconoce oficialmente la distinción entre el poder civil y el militar, es más que evidente que toda Cuba es dirigida, desde las sombras, por los militares.

Se supo que China jugó un gran rol en el apagón de acceso a Internet con el que el Gobierno pensaba obstaculizar las comunicaciones entre opositores, el alcance de la convocatoria a las manifestaciones y el conocimiento sobre las protestas a nivel internacional.

Rusia, por su parte, estuvo encargada de importantes misiones para controlar la situación desatada el 11J, lo que se puede evidenciar con los currículos de los miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República.

El 14 de julio de 2018, Yamila Peña Ojeda fue designada por el Consejo de Estado para ocupar el cargo de fiscal general de la República. Se desempeñó como fiscal jefe provincial en la capital y comenzó a trabajar como vicefiscal general de la República desde el 9 de enero de 2017. Es especialista en Derecho Penal y en Defensa de la Seguridad Nacional, y también ha cursado otros estudios de posgrado, entre los que se encuentran el diplomado en Administración Pública, el curso de formación en la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, y otros dentro y fuera de la isla.

Por su parte, Alina Montesinos Li, actual vicefiscal general de la República, fue designada por el Consejo de Estado el 14 de julio de 2018. Previamente, había ocupado los cargos de fiscal jefe provincial de la antigua Habana y fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales y de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República. Realizó el curso de recalificación para cuadros de dirección en la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia y el diplomado en Administración Pública. Es especialista en Derecho Civil y de Familia.

Reinaldo Cruz Rivera, quien también se desenvuelve como vicefiscal general de la República, fue designado por el Consejo de Estado el 5 de diciembre de 2018, luego de trabajar como fiscal jefe provincial en el territorio pinareño y como fiscal jefe de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República por un período de cinco años. Realizó el diplomado en Administración Pública y el curso de recalificación para cuadros de dirección en la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, y Es especialista en Defensa y Seguridad Nacional.

El 14 de julio de 2018 fue designado por el Consejo de Estado el otro vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, después de haber ocupado los cargos de fiscal jefe provincial en Granma y fiscal jefe de la Secretaría del Fiscal General de la República de Cuba durante un período de cuatro años. Realizó el curso de recalificación para cuadros de dirección en la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia y el diplomado en Administración Pública, y es especialista en Derecho Penal. Además, ha recibido formación en naciones comunistas como Vietnam.

En este Consejo de Dirección, solo un integrante no contempla en su currículo un curso de formación en Rusia: el vicefiscal general militar de la República de Cuba, Juan Raudel Risell Collazo. Se trata del único militar del grupo, quien atiende y decide sobre todas las acciones penales que deban realizarse contra oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio de Interior (MININT).

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