sábado, enero 22, 2022
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¿Quién del Gobierno dará la cara si la reapertura de aeropuertos vuelve a disparar el número de casos de COVID-19 en Cuba?

Desde que el Gobierno cubano reabrió las fronteras nacionales el pasado 15 de noviembre, la población no ha hecho más que preguntarse que si con tal de reactivar el turismo (uno de los motores de la economía cubana), se provocará más tarde una irreparable situación epidemiológica por causa de la pandemia de coronavirus.

Verdaderamente, uno de los detonantes de las altas tensiones que se han sentido en el país en el último mes ha sido la buena posibilidad de que el nuevo reinicio del turismo en Cuba sea tan o más desastroso que el del mes de noviembre del 2020 (el que originó un pico pandémico que aún no se ha controlado un año más tarde).

A partir del 15 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba reportó una subida exponencial de casos diarios, yendo de 49 nuevos contagios por día a 115 en poco más de un mes, y a 431 a 20 días de esa cifra (con 2 fallecidos).

El sistema sanitario cubano colapsó entre los meses de marzo y agosto debido a los miles de casos positivos que se reportaban diariamente.

Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, admitió en la Mesa Redonda del 11 de marzo de este año que la apertura de fronteras en noviembre de 2021 «no salió del todo bien».

Es cierto que en la actualidad Cuba constituye uno de los países con mejores porcentajes de incidencia sobre la densidad poblacional en la región y una de las naciones del mundo con mayor cantidad de población totalmente inmunizada contra el coronavirus con al menos una dosis.

Las cifras de contagios y muertes por esta enfermedad se encuentran disminuyendo de forma sostenida en la isla, de acuerdo con los partes oficiales.

El Gobierno cubano también anunció recientemente la modificación de la serie de protocolos vigentes para los viajeros que lleguen a la isla, eliminando el período de cuarentena obligatoria y la realización de la prueba de PCR, y añadiendo la presentación de un certificado de vacunación o el resultado negativo de una prueba de PCR realizada 72 horas antes del viaje.

Ninguna vacuna contra el coronavirus ha demostrado aún evitar el contagio con la enfermedad, pero sí son válidas para aumentar la capacidad de respuesta del organismo ante el virus.

Sin embargo, los países que ya están emitiendo turistas a Cuba están experimentando repuntes en la cantidad de personas contagiadas con el virus (vacunadas o no).

España, Alemania y Rusia se hayan registrando récords de casos positivos diarios, con una incidencia del coronavirus en alza y con muy bajo porcentaje de población dispuesta a vacunarse.

Las autoridades han aplicado elevadas multas durante meses a aquellos cubanos que no usan las mascarillas o por llevarlas incorrectamente. Yojanier Sierra infante, presidente del Tribunal Provincial de La Habana, informó que alrededor de 59 personas fueron condenadas en La Habana, hasta el 14 de abril de 2020, por delitos asociados a la propagación de epidemia, cifra que fue aumentando a medida que el contagio crecía.

El 28 de agosto de 2020, el funcionario comunicó que al 70% de los sancionados se les impusieron penas de privación de libertad, y el 17 de septiembre expresó preocupación por la cantidad de multados que no podían asumir el pago de los altos montos fijados, razón por la cual se sugirió el pago a plazo de las multas.

Hasta la fecha, ningún cubano ha demandado al Gobierno por el manejo irresponsable de la pandemia. El primer ministro Manuel Marrero y Juan Carlos García Granda, titular de Turismo, son los dos altos funcionarios cubanos directamente vinculados a la reapertura de fronteras, y es poco probable que la población se plantee demandarlos si la reactivación del turismo trae resultados desastrosos para el pueblo.

Y es que, incluso si algún cubano decidiera hacerlo, no le fuera permitido según el apartado 1 del Artículo 657 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo vigente, la que dispone: «No corresponden a la jurisdicción administrativa las cuestiones que se susciten con relación a las disposiciones que emanen de una autoridad concerniente a: 1) la defensa nacional, seguridad del Estado, el orden público y las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales para salvaguardar los intereses generales…».

La vigente Ley de Procedimiento Penal, además, establece que se requiere autorización del mismo órgano político para procesar a un miembro del Buró Político del PCC.

A la vez que el Gobierno goza de total impunidad luego de tomar decisiones que pueden afectar la vida de miles de cubanos, a la población se me exigen pagos exorbitantes y hasta penas de prisión por llevar mal puesto el nasobuco.


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