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Gobierno cubano estudia la posibilidad de que extranjeros puedan invertir en negocios privados en la isla

Después de más de 60 años de férreo totalitarismo y economía-política centralizada, el Gobierno cubano está considerando por primera vez autorizar la inversión extranjera en el sector privado de la isla, siempre y cuando se trate de pequeñas y medianas empresas; como posible paso de avance en la solución de la profunda crisis económica que sufre hoy la isla.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba se encuentra en disposición de discutir una propuesta de modificación de la vigente ley sobre los potenciales inversionistas del sector privado cubano para los ciudadanos residentes en el exterior, debido a que esta despertó poco interés y muchas críticas entre la comunidad de cubanos emigrados.

La legislación referente fue aprobada en el pasado mes de agosto para autorizar la inversión extranjera directa en pequeñas y medianas empresas en Cuba, la que indica que esos empresarios y empresas foráneos solo pueden asociarse con negocios cubanos a través de la inversión en empresas mixtas o en proyectos en áreas de interés para el Gobierno.

La nueva «cartera» de opciones para esas inversiones fue aprobada la semana pasado durante una reunión del Consejo de Ministros. El periódico oficialista Granma señaló que los propios funcionarios presentes habían reconocido el cese de los esfuerzos gubernamentales por atraer a nuevos inversores, pues Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, afirmó que el nivel de inversión del exterior está «muy por debajo de las necesidades del país» (siendo esa necesidad de 2.5 mil millones de dólares al año, según dijo).

El Consejo de Ministros también admitió la drástica caída de la producción agrícola nacional, la que se ha desplomado en los últimos años y ha causado una escasez de alimentos verdaderamente preocupante, por lo que se autorizó que las cooperativas agrícolas se asocien con empresas extranjeras.

Pese a la mucha instancia en la necesidad de levantar la producción de alimentos en el país y a las pocas concesiones hechas para eso, aún el Gobierno cubano se resiste a liberalizar la agricultura, dando consentimiento para que los campesinos puedan vender sus productos sin límites de precio o cantidad.

La aprobación de la medida asociada al sector agrícola permitiría tal vez abastecer a los productores con la tecnología, las herramientas y los suministros necesarios para trabajar.

Por su parte, el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha tratado de inculcar una actitud optimista para cerrar el año, debido a que se espera que la muy deprimida economía cubana vaya levantando lentamente de su crisis durante el próximo 2022.

Aunque el Gobierno cubano nunca dará su brazo a torcer completamente, la muy posible aprobación de estas medidas de carácter económico da a interpretar que la dirección castrista ha comprendido la urgencia por buscar una solución para esta crisis general.

Evidentemente, al Gobierno cubano le conviene remediar la situación económica lo antes posible y de la mejor manera, pues ella solo genera una situación de descontento que podría llegar a causar el fin del régimen, ya que se ha demostrado este año que el pueblo cubano tiene más poder que nunca y que no tiene miedo a demostrar su ira.

Después de las revueltas populares acontecidas en todo el país el 11 de julio, las autoridades desplegaron todo un operativo policial, militar y paramilitar en las calles cubanas para frustrar los planes de la marcha opositora del 15 de noviembre.

Sin embargo, existen muchas razones por las que la inversión extranjera en Cuba no despegará como se quiere con estas disposiciones, y es que, además del tenso escenario político, los cambios propuestos no alteran la ley actual (la que no ofrece casi garantías a los inversores).

Se ha conocido en los últimos años de varios casos de inversionistas extranjeros de alto perfil encarcelados en Cuba por cargos cuestionables y con incautaciones por parte del Gobierno.

Debido a estas sospechosas situaciones, diplomáticos extranjeros han pedido a Cuba que modernice el marco legal aprobado en 2014, pero el primer ministro Manuel Marrero ha respondido que «Cuba dispone de una buena Ley de inversión extranjera, lo que no anda bien es la manera en que nosotros la implementamos».

Otras razones para no invertir en Cuba radican en una deuda extranjera creciente, una población mayoritariamente envejecida (y que solo va a peor), una represión gubernamental a las libertades sociales básicas de sus residentes, un posible levantamiento popular con disturbios sociales y políticos, una desconexión con las entidades financieras asociadas al sistema bancario estadounidense, una escasez crónica de divisas en la isla, una constante lucha para navegar por las regulaciones del embargo norteamericano, etc; además de tener que obedecer las leyes y restricciones cubanas sobre, por ejemplo, el límite máximo de empleados para una empresa privada (100) y la prohibición de la expansión de un negocio.

Sobre los pocos cambios realizados en este año en la isla, el director ejecutivo del Cuba Study Group, Ricardo Herrero, opinó: «Las declaraciones y medidas recientes sugieren que algunos altos funcionarios están presionando mucho para construir una economía de mercado, pero el sistema sigue metiéndose en el medio. La resistencia burocrática e ideológica al espectro del capitalismo aún prevalece, más evidente en las restricciones recientes contra la inversión extranjera en PYMES [pequeñas y medianas empresas] privadas recientemente legalizadas y la cantidad de empleados que pueden contratar».

Sin embargo, representantes de la administración castrista han insistido recientemente en que no existen barreras en las leyes cubanas que imposibiliten la inversión en la isla por parte de cubanos radicados en el exterior.

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