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El matrimonio gay ya es aceptado por ley en Cuba, pero el Gobierno no ha ofrecido fecha exacta de su entrada en efecto

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba aprobó finalmente, y por unanimidad, el proyecto de ley del Código de las Familias este martes, uno de los textos legales más versionados y reestructurados de la historia jurídica del régimen cubano.

El sitio web oficial del parlamento de la isla anunció que el documento se someterá a consulta ciudadana desde el próximo mes de febrero hasta abril de 2022.

El actual ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, fue el encargado de la presentación de esta legislación ante los diputados de la ANPP.

El funcionario explicó que esta disposición constituye «un proyecto moderno, plural, respetuoso, defensor de todos los derechos para todas las personas».

Mariela Castro Espín, diputada, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija del exlíder supremo cubano Raúl Castro, manifestó que este Código «no quita derechos a nadie, sino que amplía las garantías de los derechos para todos. Tenemos la responsabilidad histórica de aprobarlo para consolidar el carácter humanista de la Revolución».

La privilegiada funcionaria insistió en que se debe invitar a «una participación consciente» en el referendo, proceso que seguirá a la consulta popular.

Declaró además que el proyecto «contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares».

Pese a asistir a la citada sesión parlamentaria, ni Raúl Castro ni el actual presidente Miguel Díaz-Canel se pronunciaron públicamente sobre el Código.

Este proyecto propone legalizaciones para las uniones civiles de personas LGBTIQ+ y su acceso a la adopción, la fertilización asistida y «gestación solidaria» (lo que implica que cualquier mujer podrá tener un hijo para segundas o terceras personas, con el requerimiento de una relación afectiva previa y de modo totalmente gratuito).

Este texto también pretende cambiar la denominación de «patria potestad» a «responsabilidad parental», y reconocer la validez de los vínculos personales «socioafectivos».

No obstante, la primera versión pública del documento legislativo fue arduamente criticada por no proteger a las personas trans en el ámbito familiar y por aún permitir los matrimonios de menores de edad.

La versión aprobada en el pasado mes de noviembre por la presidencia de la República y este martes por la ANPP es la número 23. Esta prohíbe completamente el matrimonio infantil en el país, pero las personas trans continúan sin mención.

La presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), Alina Balseiro, notificó este domingo sobre detalles de la consulta popular, pues ya se han habilitado 78.000 puntos de reunión en circunscripciones electorales para presentar la ley al pueblo en todo el país.

La directiva explicó: «Se mantienen en las propuestas de los electores las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas. Se incluyen las de favorables y otras. En todos los casos se cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores y no se establecerán discusiones con los mismos».

Resalto que se pretende realizar en el mes de enero «un ejercicio práctico», con tal de «promover la capacitación de todos los involucrados en las consultas».

Los resultados de la consulta serán entregados al parlamento en mayo de 2022, luego de «dos cortes informativos» con las propuestas de los electores procesadas por especialistas. Se mantiene la alternativa de enviar opiniones a la Asamblea vía correo electrónico.

No obstante, la fecha tentativa para la celebración del referendo no fue especificada, algo previsto en uno de los documentos transitorios de la Constitución de 2019.

Se infiere entonces, a partir de la información divulgada hasta el momento, que los resultados de la consulta popular serán utilizados por el parlamento en función de efectuar nuevas modificaciones al proyecto de ley, para luego llevar a cabo el referendo. La idea ha sido muy criticada por el activismo cubano.

«Ni una sola mención explícita a la ciudadanía LGBTIQ+ en la Presentación del #CódigoDeLasFamilias», escribió en Facebook Yadiel Cepero.

El activista cubano fue el coordinador de una protesta frente a la sede de la televisión nacional en el año 2020 luego de que fuese censurado un beso gay. Asimismo, estuvo relacionado con la organización de la marcha del 11 de mayo de 2019.

«La unidad del pueblo cubano no debe ni puede ser una excusa para limitar derechos a la ciudadanía LGBTIQ+. #HeDicho», publicó también Cepero este martes.

La inconformidad ha sido un sentimiento común durante todo el proceso para los activistas LGBTIQ+, especialmente cuando notaron que no había ninguna persona abiertamente miembro de la comunidad entre los miembros de la comisión redactora del texto legal.

Los advocadores del Código de las Familias citaron la poca fiabilidad respecto a que sus intereses se vean representados, sobre todo luego de que el artículo 68 del anteproyecto de Constitución, el cual definía el matrimonio como «la unión de dos personas», fuera eliminado del documento final. En cambio, se sustituyó la definición por una fórmula vaga que dejaba abierta la puerta para egalizara legalización de las uniones LGBTIQ+ sin caer en especificidades, a raíz de presiones efectuadas por varias iglesias cristianas, de acuerdo con lo que confesó a un medio europeo la propia diputada Mariela Castro.

Durante el actual proceso, las iglesias han presentado significativa resistencia ante el programa de educación sexual «con enfoque de género» adoptado en febrero pasado por el Ministerio de Educación. En correspondencia, el Gobierno accedió a posponer la implementación del programa, tras numerosas amenazas que alegaban el hecho de impedir que sus hijos asistieran a las escuelas públicas.

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