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Gobierno cubano vuelve a salir en defensa de las controvertidas tiendas en dólares: «Se trata de una medida de justicia social»

El ministro cubano de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil, defendió este martes la apertura de las tiendas que cobran exclusivamente en divisas extranjeras, porque sin estas «la situación económica del país sería más compleja aún».

Las llamadas tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC), que se están extendiendo por el país desde 2019, son controvertidas porque son las mejor surtidas, pero la mayoría de cubanos cobra en pesos y no tiene acceso a divisas (especialmente con las restricciones a las remesas).

«Aunque muchos no lo vean así, se trata de una medida de justicia social porque nos permite la redistribución de la divisa en función del aprovisionamiento de la red comercial en peso», dijo el también viceprimer ministro a la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Gil admitió que «estas son de las medidas de ajuste que tienen un costo» y que se sabe «que la población no puede resolver totalmente sus necesidades en esos establecimientos en MLC».

Las tiendas en MLC comenzaron a operar en Cuba a finales de 2019, primero con ofertas de equipos electrodomésticos, ferretería, mobiliario para captar los «dólares que escapaban del país» de las personas que viajaban a países cercanos a comprar mercancía y luego las revendían en el mercado informal.

Con la puesta en marcha en 2021 del paquete de reformas económicas conocido como Tarea Ordenamiento, estos establecimientos ampliaron sus ventas a alimentos, ropa, zapato, y otros artículos, y se han ido extendiendo por todo el país.

A esto se añade la creciente brecha entre el cambio oficial, a 24 pesos el dólar, y el cambio en el mercado informal, que se sitúa en torno a los 100 pesos, según el cálculo del medio independiente El Toque, que muchos economistas toman como referencia.

El objetivo inicial de las MLC era utilizar la moneda extranjera «en función del desarrollo de la industria nacional y mantener un nivel estable de ofertas en pesos», afirmó Gil, quien reconoció este martes que «nadie calculó que una epidemia complejizaría aún más la situación».

Para el cubano medio, la entrada en vigor de estas medidas coincidió con la escasez de alimentos y medicinas, y colas de horas para adquirir productos básicos, concentrados casi siempre en las tiendas en MLC.

«Hay un grupo de productos que tenemos que ofertar en esta moneda, pero si mañana los ponemos en moneda nacional van a durar 15 días y después no habrá ni en divisa ni en peso», explicó al respecto el titular del MEP.

Apuntó que de las ventas en MLC se utilizaron «más de 300 millones de dólares para aprovisionar de mercancías la red del comercio en moneda nacional», pero estas siguen desabastecidas, según se puede comprobar.

Gil habló del «carácter transitorio» de la decisión «cuyo objetivo se está cumpliendo» y reiteró que seguirán operando en dependencia «de la recuperación de la economía» y de que se pueda «dotar al peso cubano de una capacidad real de compra».

ENFRENTAR LA INFLACIÓN

El ministro aseguró que «la manera de enfrentar la inflación está asociada precisamente al incremento de ofertas por el Estado, en moneda nacional, lo cual no se logra de un día para otro».

El 2021 cerró con una inflación superior al 70 % en el mercado minorista, según el Gobierno, aunque algunos expertos estiman una inflación real (incluyendo al mercado informal) en torno al 500 %.

Mencionó Gil entre las «restricciones» la escasez de insumos, fundamentalmente en la actividad agrícola y en la industrial, por la falta de divisas, las sanciones económicas de EE. UU. y el impacto de la covid-19.

«Estas son las razones por las cuales algunas de las decisiones adoptadas en aras de la gradual recuperación de la economía no han tenido aún el impacto esperado», refirió Gil, quien subrayó ahora que «no es un problema de diseño, como muchos consideran».

Meses atrás, el propio Gobierno reconoció ante la Asamblea Nacional que los «problemas de diseño» del ordenamiento y las «dificultades» de su implementación, en parte por la situación económica nacional y global, generaron «desviaciones», «errores» y «resultados no deseados», además de «insatisfacciones múltiples entre la población».

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