El 2 de enero, Fidel Castro llamó al pueblo a capturar a los criminales y entregarlos para que fueran juzgados y sancionados. Fidel responsabilizó al Che con la realización de los juicios a los criminales de guerra en La Cabaña, y este encomendó a Duque de Estrada la organización de los tribunales. En la mañana del día 8 quedó creada la Comisión Depuradora e Investigadora de La Cabaña. De los 3 mil detenidos, solo 777 fueron procesados.
Los juicios comenzaron el primero de febrero y se extendieron hasta el 25 de mayo. Para ellos, se habilitaron seis salas que funcionaban a la vez. En estos 114 días fueron celebrados 346 consejos de guerra ordinarios, en los que 77 acusados fueron sancionados a pena de muerte. Los consejos superiores conmutaron 26 sanciones por diferentes penas, y ratificaron las restantes.
El aquel entonces el Palacio de los Deportes, conocido como Ciudad Deportiva en la actualidad, fue el escenario escogido por el Gobierno de Fidel Castro para celebrar el primer y más grande juicio masivo que se celebrara en Cuba.
Los condenados a muerte por fusilamiento fueron tres antiguos militares del ejército batistiano: el teniente coronel Ricardo Luis Guerra y los comandantes Pedro Martínez Morejón y Jesús Sosa Blanco, el más ‘famoso’ de los tres.
Estaban acusados de innumerables delitos de corrupción, abusos y asesinatos. Un expediente criminal que exigía sentarlos en el banquillo de los acusados. Y juzgarlos. Eso sí, sin hacer de su juicio un circo.
Aquel despliegue publicitario se repetiría 30 años más tarde con la Causa No. 1/89, cuando se condenó a morir fusilados al general Arnaldo Ochoa, el coronel Tony La Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez.
El fiscal del juicio a Jesús Sosa Blanco fue Jorge ‘Papito’ Serguera, quien en 1959 fuera seleccionado como el mayor exponente de la “justicia revolucionaria”. Una justicia que en primer momento fuese aplicada a la manera rebelde y guerrillera, y luego socialista y estalinista.
A algunas de estas sesiones asistió el propio Fidel Castro. Sin embargo, tres décadas más tarde, los representantes de la cúpula cubana prefirieron no hacer acto de presencia y dirigir todo por detrás del telón. Quien fungió como fiscal del caso Ochoa fue Juan Escalona Reguera, a quien desde ese momento se le conoció como “Charquito de sangre”.
Las declaraciones de las monstruosidades cometidas por los tres militares fueron estremecedoras. A los recién estrenados gobernantes, carentes de todo conocimiento sobre leyes, derecho y política, no les importó que los testimonios de niños y adolescentes fueran expuestos ante cientos de personas, cámaras de televisión y periodistas.
Con vistas a presenciar el juicio, apoyar la llamada justicia revolucionar y la aplicación de la pena de muerte por fusilamiento, personas de todo el país fueron movilizadas a La Habana. Según puede apreciarse en las fotografías de aquel entonces, los trenes se encontraban en muy buen estado y la gente estaba mucho mejor vestida que ahora.
Quienes residían en la capital o provincias aledañas se movilizaron en camiones y en sus rostros se desbordaba la felicidad. Como si en lugar de asistir a un juicio o un acto político, fueran a desfilar en unos carnavales.
Junto a los periódicos, haciendo un llamado para participar en un acto a celebrarse frente al Palacio Presidencial, podían verse aún historietas de Superman.
Pudiera sonar poco creíble, pero entre 1959 y 1960 no fueron pocos los cubanos que salieron a la calle para respaldar a ritmo de conga el cierre de revistas y periódicos. El magnetismo de Fidel Castro y el entusiasmo por la incipiente revolución habían nublado los ojos y mentes de muchos que, en aquel entonces, no llegaron a interiorizar que aquello no era más que el final de la presa no controlada por el Estado.
