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Mientras que Estados Unidos flexibiliza restricciones a Cuba, La Habana se endurece con un nuevo Código Penal

El presidente estadounidense, Joe Biden, abrió una ventana. Sin mucho ruido mediático quitó algunas de las sanciones impuestas contra Cuba por su antecesor, Donald Trump. Y fue más allá: autorizó a un empresario estadounidense a invertir unos 25.000 dólares en un negocio privado cubano del área de servicios, algo inédito en la historia de la Revolución.

En La Habana recogieron el guante: “Se trata de un paso limitado en la dirección correcta”, escribió el Granma, el órgano oficial del gobernante Partido Comunista, único legal en la isla. Pero puertas adentro, el gobierno de Miguel Díaz-Canel volvió a cerrar filas: aprobó un nuevo Código Penal que, a juicio de la oposición interna, “criminaliza” aún más el disenso.

“El gobierno cubano tendría que tener la habilidad de ser receptivo a esta decisión de Biden y verlo como un paso más. Si hay voluntad se va a destrabar lo que trabe el avance de estos anuncios”, dijo a TN el economista Omar Everleny Pérez, profesor titular de la Universidad de La Habana y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Joe Biden removió sanciones impuestas por Donald Trump y abre la canilla a inversiones en la isla

Los anuncios de Biden no significan el fin de una época ni mucho menos. Se trata de volver hacia atrás con algunas de las sanciones impuestas por Trump que echó por tierra la apertura de las relaciones bilaterales impulsada durante el gobierno de Barack Obama. De hecho, el embargo o bloqueo, según lo definen Washington y La Habana, sigue en pie en toda su dimensión.

Sin embargo, las medidas anunciadas por la Casa Blanca tienen un enorme impacto en la vida de los cubanos. Biden autorizó el aumento de los vuelos hacia la isla y el levantamiento de las restricciones a las remesas que los inmigrantes cubanos pueden enviar a su país. Incluso permitirá las “remesas no familiares” para brindar apoyo a emprendedores independientes cubanos.

En ese marco, el Nuevo Herald de Miami anunció que la Casa Blanca autorizó al empresario John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, a invertir y prestar dinero a una pequeña empresa privada del sector de los servicios en Cuba. El monto es menor a 25.000 dólares. Pero la operación debe ser aprobada aún por el gobierno cubano.

La noticia fue inesperada. El embargo vigente desde 1960 prohíbe la mayoría de las transacciones financieras entre ambos países. “Esa autorización a un empresario norteamericano a participar de un negocio privado cubano es muy importante. Abre un camino”, opinó Everleny Pérez.

Además, consideró que todas estas medidas anunciadas por Biden, si bien son limitadas, abrirán el paso a otras. “Lo importante es que se puso la bola del lado cubano. Cuba tiene ahora que ser receptiva. Al menos es un reconocimiento a que Estados Unidos debía cambiar de dirección”, indicó.

Para el economista, “esto da la posibilidad a aquellas empresas privadas cubanas que quieran desarrollarse a recibir financiamiento o comprar bienes de capital en Estados Unidos. Porque se les va a facilitar” ese camino.

El nuevo Código Penal cubano: la Revolución cierra filas tras las protestas del año pasado

La apertura estadounidense hacia Cuba se conoció cuando el Parlamento cubano aprobó un nuevo Código Penal que activistas estiman está dirigido a acallar eventuales protestas como las que sacudieron la isla el 11 y 12 de julio del año pasado.

Daniel Triana, coordinador de la plataforma opositora Archipiélago, dijo a TN que se trata de “un retroceso en materia de derechos humanos”.

El activista aclaró que no leyó “con rigor” el nuevo Código Penal, pero advirtió que este instrumento “da ventajas al gobierno para arreciar aún más la criminalización del disenso. Les da todo el margen discrecional para seguir decidiendo en contra de los que disienten de sus doctrinas y para blindarse de la ciudadanía”, afirmó.

La norma modifica las condenas para ciertos delitos, mantiene la pena de muerte y no contempla el femicidio. “Apuesta por la prevención y la educación antes que la represión y también prevé las sanciones con el suficiente rigor para las actuaciones más graves contra la paz social y la estabilidad de nuestra nación’’, dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro.

La nueva reglamentación incorporó más figuras criminales para sancionar actividades que las autoridades consideran “subversivas’’ o contrarias a la seguridad del Estado. Por ejemplo, en la figura de “atentado” se incluyó una pena de hasta cinco años para quien insulte o agreda un agente o un civil que esté cumpliendo su “deber ciudadano”.

Pero hay más: establece sanciones de 10 a 30 años y, hasta la pena de muerte en casos extremos, a quien proporcione información a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, formas asociativas o cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por el gobierno. También castiga con dos a cinco años de prisión a quien “incite’’ contra el orden socialista. La condena aumenta a 10 años si se usan medios de comunicación para estos casos.