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Gobierno cubano someterá a un referendo popular en septiembre el polémico nuevo Código de las Familias ¿Respetarán el voto del pueblo?

El proyecto del nuevo Código de las Familias de Cuba, un paquete legislativo que busca legalizar el matrimonio igualitario, entre otros asuntos, será sometido a un referendo popular en septiembre próximo, informaron este miércoles medios estatales.

La versión final del texto primero será sometida al escrutinio de los diputados en reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento, unicameral), programada para el próximo julio, luego de pasar por un proceso de consulta popular realizado entre febrero y abril.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo durante una reunión realizada este miércoles con los integrantes de la Comisión que redactó el proyecto que el país comienza una «etapa decisiva», en la que se hace necesario explicar a los ciudadanos y las familias los «principios emancipadores y de igualdad» certificados en esa norma.

«Promovemos emancipación, comprensión hacia un tipo de problemáticas no resueltas hacia lo interno de la sociedad y que serán visibilizadas desde la legalidad», señaló el mandatario cubano citado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Esta reforma legal incorpora asuntos como la violencia machista, la adopción por parejas homosexuales, el matrimonio igualitario y la gestación subrogada («solidaria», en este texto), la atención a los adultos mayores y la responsabilidad parental, pretende modernizar la normativa sobre las relaciones afectivas, sexuales y familiares.

De ser ratificada por los parlamentarios, esta legislación iría a referendo en septiembre, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

De tal manera, el Código se convertiría en la única norma sometida a una consulta popular entre las 70 que han sido actualizadas tras la entrada en vigor en 2019 de la nueva Constitución.

Un informe presentado en la sesión parlamentaria de mayo indicó que más de 6 millones de cubanos participaron en la consulta popular del proyecto que sustituirá a la legislación vigente desde 1976.

Durante la consulta se registraron 336.595 intervenciones de los electores, y fueron recogidas 434.000 propuestas, además se conoció que el 61,9 % de las opiniones se pronunciaron a favor de la norma.

En el camino recorrido, el proyecto ha generado polémica entre quienes no aceptan el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, así como de grupos feministas que reclaman una ley específica y la tipificación del feminicidio como delito, aunque el Gobierno considera que ya existen instrumentos que reconocen este tipo de actos.

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