En La Habana no se andan con rodeos cuando se trata de drogas. Esta semana, un tribunal de la capital sentenció a tres ciudadanos a penas de 15, 18 y hasta 20 años de prisión, tras encontrarlos culpables de tráfico ilícito de estupefacientes. El juicio, que se celebró en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular, fue calificado por la Fiscalía como “ejemplarizante”. Sí, de esos que quieren dejar claro que con las drogas no hay juego.
Los acusados, según las autoridades, movían cocaína de una provincia a otra para sacarle billete, algo que la Fiscalía no dudó en presentar como una amenaza directa a la estabilidad social. A lo largo del juicio se mostraron pruebas de todo tipo —testigos, documentos y peritajes— que el tribunal consideró suficientes para dictar esas penas tan severas.
Sin derechos, sin pasaporte y sin lo que tenían
Pero la cosa no terminó con la cárcel. A los condenados también les cayó encima un paquete de sanciones adicionales: les quitaron los derechos públicos, no podrán salir del país y además les decomisaron todos los bienes relacionados con el caso. Esto, amparado en los artículos 42.1, 52.1 y 59.1 del Código Penal cubano, no es solo un castigo, sino una señal del régimen de que va con todo contra el narco.
La Fiscalía volvió a desempolvar su discurso de “tolerancia cero”, con ese tono de guardianes de la moral revolucionaria que tanto les gusta. Aseguran que estas medidas son para proteger “la tranquilidad del pueblo cubano”, aunque cada vez más voces se preguntan si tanta severidad no es también una forma de controlar, más allá de la droga.
Una ofensiva que no se detiene
Este caso no es el único. En Santiago de Cuba, hace apenas unas semanas, otro ciudadano fue condenado a 12 años por mover casi medio kilo de marihuana hacia Camagüey. Y también allí le quitaron el dinero, los derechos y la posibilidad de pisar un aeropuerto en años. Otros dos jóvenes fueron a parar a prisión por vender marihuana y “el químico”, esa droga sintética que ahora se está volviendo cada vez más peligrosa.
De hecho, ya se confirmó que el “químico” que circula en la isla contiene fentanilo, formol y anestésicos para animales, una combinación letal. Según cifras oficiales, el 90 % de quienes la prueban, quedan enganchados desde la primera vez. No es de extrañar que las autoridades la consideren una bomba de tiempo.
El miedo como herramienta
Desde el año pasado, el sistema judicial cubano viene subiendo el tono con respecto a estos delitos. Según el presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal de La Habana, más del 92 % de los acusados terminan condenados con cárcel efectiva. Y no es cualquier cárcel: las penas pueden llegar hasta 30 años, o incluso cadena perpetua o pena de muerte en casos extremos.
Además, si alguien presta su casa para vender o consumir droga, también puede perderla. Las llamadas “casas de consumo” están en la mira de los tribunales, que ahora actúan con más rigor que nunca.
Alerta en las escuelas: menores atrapados en el lío
Lo que más preocupa, sin embargo, es que cada vez hay más menores metidos en esto. Ya no es solo el consumo: hay niños y adolescentes vendiendo estupefacientes dentro de las propias escuelas. El tema se ha colado hasta en la prensa oficial, y el gobierno no ha tenido más remedio que reconocerlo.
Ante este escenario, el discurso del régimen se endurece más y más, mezclando castigo con supuestas campañas preventivas. Pero en la práctica, lo que se ve es represión, miedo y un intento desesperado de mostrar control, en un país donde hasta el futuro de los más jóvenes parece cada vez más incierto.
