En una movida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos le bajó el martillo a Miguel Díaz-Canel, marcándolo oficialmente como cómplice de violaciones graves a los derechos humanos. Justo en el cuarto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, la administración estadounidense anunció que el gobernante cubano y su familia directa no podrán pisar suelo norteamericano.
El anuncio lo hizo el propio Departamento de Estado, amparado en una cláusula específica de la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2025, que prohíbe la entrada al país a figuras extranjeras involucradas en corrupción o represión brutal.
“Estados Unidos no olvida la valentía del pueblo cubano que hace cuatro años se lanzó a la calle pidiendo libertad”, declaró un alto funcionario de la administración republicana al Miami Herald, dejando claro que estas sanciones son parte de un mensaje directo al castrismo: la represión no quedará impune.
Además de cerrarle las puertas a Díaz-Canel, Washington también aplicó restricciones de visado a funcionarios judiciales y carcelarios del régimen, acusados de haber participado activamente en arrestos arbitrarios y torturas contra manifestantes del 11J. Por motivos de seguridad migratoria, no se han revelado sus identidades, pero el golpe simbólico es fuerte.
La medida viene acompañada de otra acción contundente: once nuevos hoteles, muchos de lujo y vinculados al consorcio militar GAESA, fueron añadidos a la lista negra de alojamientos prohibidos para ciudadanos estadounidenses. Varios de estos hoteles han sido presentados por el régimen como “logros turísticos” en medio de la miseria generalizada que vive el pueblo cubano.
Aunque el mandato de Díaz-Canel está previsto hasta 2028, estas sanciones podrían dejarlo fuera de eventos clave como la Asamblea General de la ONU, donde antes se ha paseado como si nada. Pero ahora, la comunidad internacional comienza a marcar distancias con un régimen cada vez más aislado.
No es la primera vez que Washington toma medidas de este calibre. En 2019, la administración Trump sancionó a Raúl Castro y sus hijos, dejando una clara advertencia a la cúpula castrista: el mundo los está mirando.
Con esta nueva ofensiva diplomática, Estados Unidos refuerza su compromiso con la libertad del pueblo cubano y con la justicia para quienes aún siguen tras las rejas por salir a gritar “¡Patria y Vida!” aquel 11 de julio que marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba.
Mientras el régimen sigue encarcelando voces disidentes y pisoteando derechos, el mensaje de la Casa Blanca es firme: no habrá impunidad para los verdugos de la libertad.
