Miguel Díaz-Canel volvió a hacer de las suyas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta vez defendiendo una reforma constitucional cocinada sin contar con el pueblo. La medida elimina el Artículo 127 de la Carta Magna, ese que ponía un límite de 60 años para aspirar por primera vez a la presidencia. Ahora, según el régimen, “lo más conveniente” es dejar la puerta abierta a los más entraditos en años, siempre y cuando sean leales al sistema. Qué casualidad, ¿no?
Con tono solemne y cargado de frases hechas, Díaz-Canel soltó que esta enmienda “es legítima y justa”, porque supuestamente se adapta a las necesidades actuales de Cuba y respeta la historia nacional. Pero lo que no dijo, al menos con claridad, es que esto fue un cambio a la medida del clan en el poder, impulsado nada menos que por el mismísimo Raúl Castro, el eterno titiritero en las sombras, según reconoció el propio medio oficialista Cubadebate.
Durante su discurso de clausura del último período de sesiones, el gobernante pintó la modificación como una oportunidad para “ampliar la selección” de futuros candidatos presidenciales. Pero detrás del barniz democrático, lo que se ve es otro intento desesperado por asegurar la continuidad de la élite envejecida que dirige el país como si fuera una finca privada.
El pretexto para este movimiento legal no podía ser otro que el famoso “envejecimiento poblacional”. Un país donde la juventud emigra en masa y el futuro se escapa por cada balsa que cruza el estrecho, ahora decide que es necesario permitir que personas mayores de 60, siempre que sean fieles a la causa revolucionaria, puedan dirigir los destinos de la nación. Todo queda en familia.
Lo más curioso —y revelador— del asunto es que esta reforma no pasó por consulta popular. El régimen, como de costumbre, esquivó cualquier tipo de referendo o participación ciudadana, amparándose en tecnicismos de la Constitución que ellos mismos interpretan a su antojo. ¿Democracia? Solo cuando les conviene.
Esteban Lazo, presidente de la Asamblea, trató de justificar la falta de referendo diciendo que “no se trata de reducir mandatos” ni nada por el estilo. Para él, este cambio tiene un “alto significado político” para el presente y el futuro del país. Pero lo que tiene, en realidad, es un tufo a jugada sucia, pensada para eternizar en el poder a quienes se aferran a sus cargos como si fueran vitalicios.
Con esta reforma, el castrismo sella otro capítulo de su manual de trampas legales, ajustando las reglas cada vez que el poder se tambalea. Mientras tanto, el pueblo sigue fuera del juego, como un simple espectador de decisiones que afectan su vida pero en las que no puede meter ni la cuchara.
Porque en Cuba, lo que menos importa es la voluntad popular. Lo que cuenta es lo que decidan unos pocos en nombre de muchos. Y así, con cada artículo torcido, con cada reforma disfrazada, el régimen se garantiza que nada cambie, aunque lo llamen “avance” o “reajuste constitucional”.
