El Gobierno de México acaba de darle otro duro golpe al bolsillo de los migrantes, sobre todo a los miles de cubanos que intentan regularizar su estatus o mantenerse legales en el país. Con una nueva reforma que duplica los costos de los trámites migratorios, el mensaje es claro: ser extranjero en México saldrá mucho más caro.
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados con 352 votos a favor y 133 en contra, como parte del Paquete Económico 2026 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, la propuesta pasa al Senado para su revisión final, aunque ya provoca una ola de preocupación entre las comunidades migrantes.
Según reportes de medios como Aristegui Noticias y El Economista, la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) eleva de manera considerable las cuotas por servicios públicos en áreas migratorias, aeroportuarias, financieras y sanitarias. Solo en recaudación, el gobierno mexicano espera superar los 157 mil millones de pesos.
El golpe más fuerte, sin embargo, recae sobre los migrantes. Los nuevos precios de los trámites son simplemente desorbitantes: quienes deseen una residencia temporal deberán pagar más del doble de lo que costaba antes. Por ejemplo, el permiso de un año sube de 5,328 a 11,740 pesos, y el de cuatro años pasa de 11,984 a 25,907 pesos. Los residentes permanentes no se salvan: su trámite aumentará de 6,494 a 13,578 pesos.
Incluso los visitantes extranjeros sin permiso para trabajar verán un incremento, de 860 a 983 pesos. Y para completar la jugada, se agregan nuevas tarifas, como el permiso para visitar embarcaciones en navegación de altura (297.89 pesos) o el formato de autorización de salida para menores de edad (294 pesos).
Aunque el gobierno promete descuentos del 50% en algunos casos “humanitarios”, las organizaciones de ayuda a migrantes han sido tajantes: esta reforma castiga a los más vulnerables, incluyendo a miles de cubanos que viven en México entre la informalidad, la incertidumbre y la burocracia.
En ciudades como Tapachula, Ciudad de México, Mérida o Cancún, donde las comunidades cubanas son numerosas, estos nuevos precios son simplemente inasumibles. Muchos dependen de trabajos informales o de las remesas que les envían familiares desde el extranjero, y ahora deberán enfrentar un costo que puede triplicar sus ingresos mensuales.
El oficialismo insiste en que la reforma busca “ajustar las cuotas al costo real de los servicios públicos”, pero la oposición lo ve de otra manera. Legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano la calificaron como una medida recaudatoria y regresiva, diseñada para llenar las arcas del Estado a costa de los migrantes.
La diputada Noemí Luna denunció que los incrementos afectan “de manera directa a los migrantes y a los sectores más pobres”, mientras que su colega Eduardo Gaona advirtió que la ley “viola derechos humanos y encarece el acceso a la movilidad y la cultura”.
La reforma también incluye aumentos en museos, zonas arqueológicas y servicios aeronáuticos —en algunos casos, superiores al 100%—, una señal de que el gobierno mexicano está buscando dinero donde sea, sin medir las consecuencias sociales.
Mientras tanto, los cubanos que viven en México sienten que se les cierra otra puerta más. Regularizarse, renovar su residencia o simplemente permanecer legales se ha vuelto un lujo, en un contexto donde los precios suben, los salarios no alcanzan y la burocracia se traga cualquier esperanza.
Y todo esto ocurre mientras el régimen cubano sigue expulsando a su gente al exilio con su miseria estructural, y los gobiernos de la región endurecen sus políticas migratorias bajo presión de Estados Unidos. El resultado es el mismo de siempre: los cubanos, una vez más, atrapados entre fronteras, tarifas y promesas vacías.
