La Fiscalía cubana volvió a sacar el garrote en televisión nacional, esta vez advirtiendo que el robo de combustible podría ser considerado un acto de sabotaje, con penas de hasta 30 años de cárcel. Sí, como si un cubano que intenta sobrevivir a la miseria fuera un terrorista.
La amenaza vino de parte de Yudenia San Miguel Ramírez, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, durante el programa oficialista Hacemos Cuba. La funcionaria justificó el endurecimiento de las sanciones alegando que el robo de combustible afecta “la economía nacional y el bien público”. Pero detrás del discurso legalista se esconde la misma vieja historia: un régimen que usa el Código Penal como herramienta de miedo ante el caos que ellos mismos han provocado.
San Miguel aseguró que incluso quien no robe directamente podría terminar en prisión si “pudo prever las consecuencias” de su acción. En buen cubano: si te ves envuelto, aunque sea de refilón, en un desvío de combustible, el Estado puede acusarte igual de sabotaje. Así, una falta administrativa o un acto de desesperación por la escasez puede colocarte al mismo nivel jurídico que un atentado contra el Estado.
El programa acompañó la advertencia con imágenes del Ministerio del Interior. El teniente coronel Asmel Rojas Águila dijo que entre enero y agosto de 2025 se recuperaron más de 350 mil litros de combustible robado, y admitió que los casos se repiten en todos los niveles: desde servicentros y refinerías hasta grupos electrógenos. También reconoció que muchos de los implicados son empleados, custodios o directivos que simplemente tratan de sobrevivir a un salario que no alcanza ni para el transporte.
Mientras en pantalla se mostraban tanques, dinero y casas particulares, Rojas mencionó la complicidad de vecinos y trabajadores. Pero, una vez más, el mensaje central no fue buscar soluciones ni atacar la raíz del problema, sino advertir castigos ejemplares.
Las autoridades de la Unión Eléctrica (UNE) y CUPET aparecieron para repetir el libreto de siempre: falta de control interno, errores en la selección de personal y aplicación de “sanciones profilácticas”. Ninguno mencionó lo esencial: la corrupción institucionalizada, la desidia estatal o los sueldos miserables que obligan a muchos a buscarse la vida como pueden.
La fiscal recordó además un reciente dictamen del Tribunal Supremo Popular que amplía la definición de “hechos vandálicos” y permite considerar sabotaje cualquier acción que afecte la generación o distribución de energía. En la práctica, cualquier trabajador acusado de desviar combustible puede ser tratado como un enemigo del Estado.
En un país donde los apagones son el pan de cada día, la gasolina se vende en dólares y los salarios no alcanzan ni para cubrir el transporte, esta reinterpretación de la ley no es justicia: es represión disfrazada de legalidad. El régimen no busca castigar a los verdaderos corruptos, sino amedrentar a los desesperados que tratan de sobrevivir al colapso que ellos mismos provocaron.
El cierre del programa lo dejó bien claro el vocero oficial Humberto López, quien repitió con tono de amenaza: “Robar los recursos del pueblo será siempre muy grave. Si se trata de combustible y con ello se afecta al cubano que resiste, el peso de la ley será muy fuerte”.
Una frase que suena a advertencia directa: el régimen necesita chivos expiatorios, y en esta nueva cruzada contra el “sabotaje”, los más pobres —como siempre— serán los primeros en pagar las consecuencias.
