El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha dado un paso firme hacia la modernización del acceso a la nacionalidad española. La institución propuso al Gobierno y al Parlamento una reforma del Código Civil que permitiría a los descendientes de emigrantes optar por la ciudadanía en cualquier momento, sin restricciones por grado de parentesco.
La iniciativa surge para reemplazar el marco de la Ley de Memoria Democrática, que venció este 22 de octubre tras dos años de vigencia y una prórroga adicional. Esta ley permitió a hijos y nietos de españoles solicitar el pasaporte, pero únicamente dentro de un plazo temporal, dejando a muchos en la incertidumbre.
Según el CGCEE, los retrasos en los consulados y el cierre de plazos evidencian la necesidad de una norma más estable que reconozca la nacionalidad como un derecho permanente, sin depender de “ventanas temporales” que generen estrés y ansiedad entre los solicitantes. “El sistema actual ha sobrecargado a las oficinas consulares y ha dejado a muchas personas en una situación de gran incertidumbre”, señalan desde el Consejo.
Una reforma histórica del derecho a la nacionalidad
La propuesta plantea integrar el acceso a la nacionalidad directamente en el Código Civil, eliminando los límites por generación o línea de parentesco. Esto permitiría que cualquier descendiente de un español pueda solicitar la ciudadanía, sin importar si proviene de la línea paterna o materna.
Además, la reforma corregiría desigualdades históricas derivadas de legislaciones anteriores, donde los descendientes de varones españoles tenían ventaja frente a los descendientes de mujeres que habían perdido su ciudadanía al casarse con extranjeros antes de 1978. El CGCEE asegura que los límites generacionales actuales —nietos, y en algunos casos bisnietos— provocan discriminación y fragmentan a las familias españolas en el extranjero.
Saturación y retrasos consulares
Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, más de 1,5 millones de personas han presentado solicitudes de nacionalidad por la vía de los descendientes, principalmente en América Latina. Los consulados de Argentina, Cuba, México y Estados Unidos están entre los más saturados, con esperas que en algunos casos superan los dos años. En Buenos Aires, el volumen de trámites es tan alto que la ciudad podría convertirse en la tercera con más españoles del mundo, solo detrás de Madrid y Barcelona.
El CGCEE considera que mantener un modelo basado en plazos fijos y cupos es insostenible, generando inseguridad jurídica, desigualdad de oportunidades y un colapso burocrático que podría prolongarse durante décadas.
Apoyo político y desafíos
La propuesta ha recibido apoyo parcial del PSOE y del Partido Popular, aunque la fragmentación parlamentaria y las diferencias ideológicas podrían complicar la aprobación de una ley definitiva. El Ministerio de Justicia reconoce los problemas de gestión del actual proceso, pero aún no ha definido una posición oficial sobre la reforma. El ministro Ángel Víctor Torres destacó que cualquier cambio estructural deberá contar con un amplio consenso político.
Otras medidas complementarias
El CGCEE también propone modificar los artículos del Código Civil relacionados con la pérdida involuntaria de la nacionalidad, un problema que afecta a miles de jóvenes nacidos fuera de España. Actualmente, quienes adquieren doble nacionalidad deben realizar un “acto de conservación” antes de los 21 años para mantener su condición de españoles, un trámite que muchos desconocen y que provoca pérdidas automáticas. La reforma planteada establece que la pérdida de la nacionalidad solo podrá producirse mediante renuncia expresa, garantizando mayor seguridad jurídica para los descendientes.
En definitiva, la iniciativa busca que la ciudadanía española deje de ser un privilegio temporal y se convierta en un derecho estable y universal para todos los descendientes de emigrantes, un paso hacia la justicia histórica y la igualdad para millones de familias españolas en el mundo.
