Régimen admite no tener combustible suficiente para la venta y permitirá a empresas extranjeras importar el suyo propio si lo desean

Redacción

El Gobierno cubano volvió a hablar de “modernidad” y “transparencia” en La Habana, pero la realidad lo desmintió en cuestión de minutos. En plena inauguración del VIII Foro de Inversiones, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva soltó una confesión que retrata el estado ruinoso del país: ni siquiera pueden garantizar combustible a las propias empresas extranjeras que intentan atraer desesperadamente.

El funcionario admitió que los inversionistas podrán comprar combustible directamente en divisas y sin límites, y que incluso podrán importarlo por su cuenta si el Estado “no tiene disponibilidad”. Es decir, el régimen reconoce abiertamente que no puede asegurar ni el diésel básico para quienes supuestamente representan el futuro económico de la isla.

La declaración llegó en un contexto donde los apagones de más de 10 horas ya forman parte del paisaje nacional, las colas en los servicentros siguen interminables y el Sistema Electroenergético Nacional vive al borde del colapso. Si los cubanos están a oscuras, ahora queda claro que los inversionistas también.

En su discurso, Pérez-Oliva habló del esfuerzo estatal para que “no sea así”, pero su admisión revela que el Gobierno está literalmente sin gasolina, y no solo en el sentido energético.

El ministro también anunció la creación de un esquema “diferenciado” que permitirá a las empresas extranjeras operar con mayor flexibilidad en pesos y divisas, una señal evidente de la dolarización parcial que avanza mientras los trabajadores cubanos sobreviven con salarios que no alcanzan ni para una semana de comida.

Mientras el Gobierno vende la idea de “resultados históricos” en algunas empresas mixtas, la gente en la calle enfrenta mercados vacíos, inflación en espiral y apagones cada vez más largos. Esa contradicción resume la Cuba actual: un discurso que promete prosperidad y un país que se deshace.

Otro guiño a los inversionistas fue permitirles escoger directamente a sus empleados, con contratación directa o mediante la entidad empleadora estatal. Una concesión que durante décadas se negó con argumentos ideológicos y que ahora el Gobierno desempolva porque la desesperación económica aprieta. También se autoriza pagar gratificaciones en divisas desde las utilidades, siempre que provengan del exterior y pasen por los bancos del régimen.

Todo esto ocurre días después del corralito financiero silencioso impuesto por el propio Gobierno, que congeló las cuentas en divisas de empresas extranjeras y hasta de embajadas. Una jugada que pulverizó la confianza en el clima de inversiones y dejó claro que en la isla ni el dinero extranjero está a salvo.

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