La dolarización sigue avanzando y ya toca la puerta de la justicia. Los bufetes colectivos de Cuba aseguran estar “preparados” para cobrar en dólares y en moneda libremente convertible (MLC) por sus servicios jurídicos, según reconoció la televisión oficialista desde Santiago de Cuba.
La medida está amparada por la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre de 2025, y actualiza las tarifas y las modalidades de pago para trámites legales, asesorías jurídicas y legalización de documentos. En buen cubano: el Estado decidió que la justicia también se vende en divisas.
La norma autoriza a los bufetes a cobrar tanto en pesos cubanos como en monedas extranjeras aceptadas por el Banco Central de Cuba, aplicando la tasa oficial vigente el día del pago. En la práctica, los cubanos residentes en el exterior y los extranjeros deberán pagar en dólares o MLC, mientras que los de dentro seguirán pagando en pesos, pero con tarifas calculadas como si cobraran en divisa.
La subdirectora técnica de la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos en Santiago, Dianelis Lira Romero, confirmó a la TV local que las oficinas jurídicas están “creando los mecanismos” para recibir pagos en efectivo, por tarjetas MLC y mediante pasarelas internacionales. Según explicó, los bufetes se están adaptando para procesar cobros desde el extranjero, ya sea con tarjetas nacionales o internacionales.
La funcionaria aclaró que los nuevos precios se aplicarán a personas extranjeras y a cubanos residentes fuera del país. Para determinar la moneda de pago, los bufetes exigirán una certificación del estatus migratorio emitida por el Ministerio del Interior. Sin ese papel, no hay trámite. También confirmó que familiares o terceros podrán gestionar documentos en nombre de emigrados, siempre que antes se verifique la condición migratoria del beneficiario.
Las nuevas tarifas dejan poco espacio a la confusión. Certificar títulos o notas académicas costará el equivalente a 260 dólares; acreditar nivel académico tendrá el mismo precio; una certificación de experiencia laboral rondará los 104 dólares; y la legalización de documentos docentes o registrales parte de cifras cercanas a los 156 dólares, según el tipo de trámite. A eso se suman los servicios especializados, que se cobrarán por hora, con una tarifa mínima equivalente a 156 dólares, susceptible de aumentar según la complejidad del caso o el rango del abogado.
Desde Santiago aseguran que todo está listo para aplicar la resolución “sin dejar de prestar los servicios habituales”. La Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que la medida se extenderá a todas las provincias del país, donde ya se preparan terminales POS y cuentas en divisas para los cobros.
El Ministerio de Justicia justifica la decisión como parte de estudios orientados a captar ingresos en moneda extranjera y flexibilizar las opciones de pago. Traducido del lenguaje burocrático: el Estado necesita dólares y está dispuesto a cobrarlos incluso por servicios que, en teoría, deberían ser públicos.
El movimiento no es aislado. La lista de servicios dolarizados no deja de crecer, y el pasaporte cubano para residentes en el exterior —que ya cuesta más de 230 dólares— es solo otro ejemplo. Con la Resolución 486, la justicia cubana entra oficialmente en la era del billete verde.
Mientras los salarios en la Isla se pagan en pesos cada vez más devaluados, el Estado cobra asesorías legales, certificaciones y trámites en dólares. Le llaman “actualización técnica”. Para muchos cubanos, no es más que otro paso en una política que convierte los derechos en mercancía y deja la justicia, literalmente, fuera del alcance del bolsillo nacional.
