A comienzos de los años noventa, en plena crisis del narcotráfico en el Caribe, una investigación en Florida estuvo a punto de sacudir los cimientos del régimen castrista. Un gran jurado federal llegó a elaborar un borrador de acusación penal (draft indictment) que implicaba al gobierno cubano como una organización criminal bajo la ley RICO, con Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas— señalado como supuesto jefe de una conspiración para mover toneladas de cocaína hacia Estados Unidos usando territorio y espacio aéreo cubanos.
El 8 de abril de 1993, el Miami Herald destapó el borrador de 17 páginas que no solo nombraba a Raúl Castro, sino también a quince altos funcionarios del Estado cubano como co-conspiradores y acusaba al régimen de permitir que el Cartel de Medellín transfiriera al menos 7.5 toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense en la década de los ochenta.
El documento se basaba en meses de testimonios secretos ante un gran jurado federal en Miami, incluyendo declaraciones del propio Carlos Lehder, exlíder del cartel colombiano, que conectaban directamente a altos mandos cubanos con las rutas de la droga. Sin embargo, el draft nunca llegó a formalizarse como acusación, porque requería la aprobación del Departamento de Justicia en Washington, y la administración del presidente Bill Clinton decidió archivarlo.
Este desenlace —el silencio oficial sobre un caso de semejante envergadura— ha sido sorprendentemente persistente durante más de tres décadas. El borrador nunca fue sometido a juicio, ni se formularon cargos contra Cuba ni contra Raúl Castro, a pesar de que un gobierno extranjero completo fue señalado en el documento y de que la acusación representaba un caso histórico sin precedentes.
Existe un antecedente cercano: en 1988 Panamá y su dictador Manuel Noriega sí fueron formalmente acusados por narcotráfico por un gran jurado en Miami y, después de la invasión estadounidense, Noriega fue capturado, juzgado y condenado. Esa posibilidad estuvo sobre la mesa en el caso cubano, pero las autoridades estadounidenses optaron por no seguir adelante con la imputación contra La Habana.
En Cuba, ese mismo año había tenido lugar la llamada Causa 1 de 1989, en la que el régimen ejecutó al general Arnaldo Ochoa y a otros oficiales bajo cargos de narcotráfico y corrupción. Muchos analistas consideran esa purga como un intento del propio Estado cubano de enterrar sospechas más profundas sobre el nivel real de implicación de su élite militar.
A pesar de que en 1993 la investigación federal mostró que el narcotráfico no se había detenido con aquellos fusilamientos y que las conexiones con carteles, guerrillas y redes ilícitas eran extensas, Washington eligió no asumir el costo político de enjuiciar a un gobierno extranjero entero. El caso volvió a aparecer en debates del Congreso de Estados Unidos en 2000, pero de nuevo sin consecuencias legales significativas.
Hoy, cuando se discute sobre los vínculos entre regímenes autoritarios y el tráfico de drogas —como el llamado “narco-Estado” venezolano bajo Maduro—, este antecedente cubano es clave para entender cómo estructuras de poder y economías ilícitas pueden entrelazarse sin que sus líderes rindan cuentas. La decisión de enterrar esa acusación hace más de treinta años dejó intacto un modelo de impunidad que ha permitido al régimen de los Castro continuar impune, mientras la región sigue pagando el precio por el trasiego de drogas y la falta de justicia.
