La aprobación de los llamados “planes y medidas del paso al Estado de Guerra” por el Consejo de Defensa Nacional el pasado 17 de enero no fue un trámite más. Detrás del lenguaje burocrático se esconde la activación y actualización de un plan secreto denominado “Baraguá”, que incluye directrices específicas sobre qué hacer con los presos políticos y comunes en un escenario de conflicto.
La existencia y el contenido general del plan fueron confirmados por una diputada a la Asamblea Nacional y una jueza que participaron en reuniones recientes de Consejos de Defensa provinciales y municipales. Ambas aclaran que en Cuba no se ha decretado oficialmente el Estado de Guerra, pero coinciden en algo clave: esto no es rutina ni simulacro, sino una preparación real ante una amenaza que la cúpula del poder considera concreta.
Un clima de alarma en la cúpula
En reuniones internas, los cuadros del régimen han hablado sin rodeos de la “seriedad extrema” del momento, marcadas por el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y las advertencias del presidente Donald Trump. Aunque la puntualización de estos planes suele hacerse cada año de manera casi automática, esta vez se adelantó, rompiendo el calendario habitual.
El cronograma oficial fijaba ese proceso para antes de marzo, pero desde finales de 2025 —y con más intensidad desde el 3 de enero— se activaron acciones excepcionales. En la cúpula del poder se discute cómo responder ante una posible acción militar selectiva de Estados Unidos. Una invasión total no se considera probable, pero tampoco se descarta del todo. Lo que sí inquieta seriamente al régimen son ataques aéreos precisos contra objetivos estratégicos y militares.
Presos políticos como rehenes
El Plan Baraguá, elaborado por el MININT en coordinación con la Fiscalía General, es tan secreto como todo lo que manejan los Grupos de Trabajo del Estado. Su eje más inquietante es claro: cerrar cualquier resquicio de libertad a los presos políticos.
Las directrices prevén su concentración, aislamiento y neutralización, con la posibilidad de utilizarlos como fichas de presión o rehenes en un eventual escenario de negociación para poner fin a hostilidades. En otras palabras, el régimen asume sin pudor que los presos políticos son moneda de cambio.
Excarcelaciones selectivas y carne de cañón
En un giro cínico, el mismo plan contempla la excarcelación de presos comunes bajo condiciones muy específicas. Quedan excluidos quienes cumplan condenas por asesinato o violación y aquellos considerados “riesgos para la seguridad nacional”, es decir, personas políticamente incómodas o potencialmente rebeldes.
Las mujeres excarceladas serían enviadas a refugios si tienen hijos o personas a su cargo. Los hombres en edad militar, en cambio, serían movilizados a las Milicias de Tropas Territoriales u otros frentes, según entrenamientos previos o el servicio militar obligatorio. El mensaje es brutal: unos se pudren en la cárcel por pensar distinto, otros salen para ir al frente.
Represión interna sin maquillaje
El plan también ordena activar y entrenar a las Brigadas de Respuesta Rápida, con instrucciones explícitas de “tolerancia cero” frente a la subversión interna. Todo disidente que esté en libertad sería detenido de inmediato. Los delitos de propaganda enemiga y sabotaje se castigarían con penas extremas, incluida la pena de muerte.
Tribunales y fiscalías pasarían a coordinar directamente con el MININT bajo una jurisdicción militar única, suspendiendo tareas ordinarias y organizando la evacuación de personal y documentación sensible. El Estado de Derecho, si alguna vez existió, quedaría oficialmente enterrado.
Un aparato militar que no aguanta una guerra real
Pero más allá del tono marcial y las amenazas, la realidad es mucho menos épica. Según las propias fuentes internas, el país no está en condiciones reales de enfrentar una guerra. Falta coordinación, sobran improvisaciones y muchas plantillas de tiempo de guerra están incompletas o son pura ficción.
“Si la guerra viniera ahora, no podemos hacer frente”, admiten sin rodeos. Los heridos morirían por falta de insumos, y la población civil, por hambre. Las tropas estarían mejor protegidas que la gente, una constante en la lógica del poder cubano.
No existen reservas suficientes de alimentos, los sistemas de evacuación son deficientes y hay un desconocimiento generalizado de procedimientos básicos: dónde están las armas, cuáles son los puntos de reunión, cómo garantizar atención médica mínima o abastecimiento en escenarios alternativos.
Mucho plan secreto, poca realidad
El Plan Baraguá desnuda algo esencial: el régimen se prepara más para controlar y reprimir a su propia población que para defenderla. Mucha consigna, mucha amenaza y mucho secretismo, pero una estructura oxidada, mal coordinada y profundamente desconectada de la realidad de un país empobrecido y exhausto.
Si este es el “estado de preparación”, la conclusión es clara y amarga: en una guerra real, los cubanos quedarían solos, mientras el poder se atrinchera, reprime y administra el miedo como último recurso.
