Las redadas migratorias en Estados Unidos siguen dando de qué hablar, y esta vez el foco vuelve a estar sobre un ciudadano cubano. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluyó este viernes a un cubano en su polémico listado oficial “Worst of the Worst” —traducido sin rodeos como “Lo peor de lo peor”— una clasificación que agrupa a inmigrantes con antecedentes penales graves arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la información publicada por el propio DHS, el cubano identificado como Evis Peguero-Cotarelo aparece entre los criminales considerados más peligrosos detenidos recientemente durante redadas migratorias realizadas en distintos puntos del país. Su nombre destaca dentro de un grupo que la agencia presenta como prioridad absoluta en su estrategia de detenciones y deportaciones.
El comunicado oficial no deja lugar a dudas sobre la gravedad del caso. De acuerdo con el DHS, Peguero-Cotarelo fue condenado por asesinato en primer grado con arma mortal en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida. Ese historial criminal es el que lo coloca directamente en la categoría más severa del listado divulgado por las autoridades.
Esta actualización fue difundida el 23 de enero como parte de una campaña del DHS para mostrar resultados concretos en su ofensiva contra inmigrantes con condenas por delitos violentos. En el reporte se mencionan crímenes como asesinatos, violaciones, robos a mano armada y vínculos con pandillas altamente peligrosas, entre ellas la conocida MS-13.
Durante la presentación del informe, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dejó clara la línea dura del gobierno. “El presidente Trump y la secretaria Noem han dado luz verde a ICE para perseguir a lo peor de lo peor”, afirmó, subrayando que no se trata de arrestos aleatorios, sino de una política enfocada en perfiles criminales.
El DHS también reveló un dato que ha generado debate: según sus propias cifras, el 70 % de los arrestos realizados por ICE corresponde a inmigrantes ilegales acusados o ya condenados por delitos en Estados Unidos. Para reforzar su narrativa de transparencia, la agencia invitó al público a consultar la plataforma oficial WOW.DHS.Gov, donde se publican perfiles detallados de los detenidos.
En ese mismo registro aparecen otros casos de alto impacto, como un salvadoreño vinculado a la MS-13, un ciudadano mexicano condenado por violación y un jamaicano sentenciado por robos bancarios armados. Todos son presentados como ejemplos de una estrategia de deportación que prioriza la seguridad interna.
Las autoridades estadounidenses insisten en que estas operaciones buscan cumplir una promesa política clara: intensificar las deportaciones comenzando por los inmigrantes considerados más peligrosos. Según el DHS, la actual administración se encamina a un “año histórico” en materia de control migratorio, con cifras récord de expulsiones y un endurecimiento sostenido de las acciones de ICE.
Más allá de los casos más mediáticos, no se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, otros cubanos con distintos antecedentes han sido detenidos por ICE en diversas circunstancias, desde citas rutinarias en oficinas de inmigración hasta arrestos en ciudades como Nueva Orleans o Boston, algunos enfrentando cargos que van desde asalto vehicular hasta delitos más graves.
Estas detenciones forman parte de una aplicación agresiva de las leyes migratorias y han sido documentadas tanto por medios de comunicación como por plataformas comunitarias. El fenómeno muestra cómo cubanos residentes o en proceso de regularización pueden terminar bajo custodia migratoria en cualquier punto del país.
La intensificación de las redadas también ha provocado una fuerte reacción política. Legisladores demócratas y defensores de derechos civiles han denunciado posibles abusos de poder, especialmente tras revelarse directivas que permitirían a agentes ingresar a viviendas con órdenes administrativas sin revisión judicial.
Figuras como el senador Richard Blumenthal han exigido investigaciones, calificando estas prácticas como una amenaza directa a las libertades constitucionales. A esto se suma la oposición de muchos demócratas a aumentar el financiamiento de ICE, citando preocupaciones por detenciones indiscriminadas, uso excesivo de la fuerza y muertes bajo custodia.
Todo este escenario refleja un debate nacional cada vez más intenso sobre el papel de ICE, la seguridad interna y el costo humano de una política migratoria cada vez más estricta.
