Ir a la universidad en Cuba dejó de ser una promesa de futuro y ni siquiera garantiza el presente. Hoy, para miles de estudiantes, estudiar significa también buscarse la vida como sea, porque el estipendio estatal no alcanza ni para sobrevivir una semana. Lo que hace años habría sido impensable, ahora es rutina: jóvenes que cambian libros por trabajos informales para no hundirse.
El propio periódico oficial Juventud Rebelde tuvo que admitir lo evidente. En un reportaje reciente reconoció que miles de universitarios se ven obligados a trabajar mientras estudian, no por “superación”, sino por pura necesidad. La crisis económica, el salario simbólico y el deterioro general del país empujaron a los estudiantes a una precariedad normalizada.
Entre clases, empleos mal pagados y noches sin dormir, los jóvenes intentan terminar carreras que cada vez valen menos dentro de la propia Cuba. “Hay que generar ingresos para ayudar a nuestras familias”, confesó un estudiante de Ingeniería Informática en Sancti Spíritus que aceptó un puesto administrativo para poder cubrir gastos básicos. Lo dice con resignación, como si fuera lo más normal del mundo. Y ahí está el problema.
Según datos del Ministerio de Trabajo citados por el propio diario oficial, apenas 2.842 estudiantes trabajan a tiempo parcial en el sector estatal, más de 2.100 de ellos universitarios. Pero el mismo reportaje reconoce que la cifra real es mucho mayor, porque la mayoría sobrevive en el sector privado, sin contratos, sin derechos y sin protección laboral.
Uno de los testimonios más reveladores es el de un joven que abandonó Ingeniería para dedicarse por cuenta propia a la sublimación e impresión. Gana más, tiene contrato legal y puede mantenerse. Su carrera universitaria quedó atrás. No por falta de vocación, sino porque la vocación no paga la comida. Esa es la elección forzada que hoy enfrentan miles de estudiantes.
Otros relatan cómo trabajan en bares, cafeterías o como ayudantes de construcción, completamente fuera de la legalidad. “Trabajé largos períodos sin contrato y nadie me lo exigió”, admitió un estudiante holguinero. Juventud Rebelde lo llama una “violación grave de las normas laborales”, pero evita decir quién creó el contexto perfecto para que esa violación sea la norma.
Los estipendios estatales rozan lo ofensivo. Tras la llamada Tarea de Ordenamiento, los estudiantes reciben entre 200 y 600 pesos al mes. Eso no alcanza ni para una pizza, que hoy puede costar 250 pesos, ni para un viaje entre provincias. Es dinero simbólico para una vida que cuesta cada vez más.
El reportaje oficial se cuida, como siempre, de no señalar a los responsables. No cuestiona el papel del Estado en la destrucción del valor del estudio, ni la falta de incentivos reales para que los jóvenes se concentren en formarse. Tampoco menciona que muchas universidades no tienen comedores funcionales, residencias dignas ni recursos básicos para sostener la vida estudiantil.
El resultado es devastador. Una generación entera se forma bajo presión extrema, empujada a la informalidad, sin expectativas profesionales claras y con un solo horizonte visible: irse del país en cuanto pueda.
Una estudiante de Periodismo en La Habana lo resumió sin rodeos: “Si la situación fuera diferente, no tendría que pensar en cómo estudiar, trabajar y sobrevivir al mismo tiempo”. Esa frase dice más que cualquier consigna.
Lo que el discurso oficial vende como “sacrificio” y “responsabilidad juvenil” no es más que la prueba de un fracaso estructural. El régimen ha logrado lo impensable: convertir la universidad en un acto de resistencia diaria, donde estudiar es casi un lujo y sobrevivir se vuelve la verdadera carrera.
