El cantante cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido artísticamente como El Chulo, quedó oficialmente marcado por las autoridades estadounidenses como un criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings, tras su reciente arresto en Estados Unidos. La información fue confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que no se anduvo con paños tibios al describir su historial.
Según un comunicado enviado por ICE a Telemundo, Díaz Rodríguez fue condenado en 2017 por intento de asesinato en segundo grado y agresión agravada con arma mortal, delitos cometidos años después de haber entrado legalmente al país en 2011 con una visa de prometido. Para las autoridades, el caso es otro ejemplo de cómo una oportunidad migratoria terminó en violencia.
El documento oficial es contundente. ICE afirma que El Chulo “usó su oportunidad del sueño americano para aterrorizar a otros”, y recuerda que, tras su condena penal, un juez de inmigración emitió una orden final de deportación el 1 de octubre de 2018. Desde entonces, su estatus migratorio quedó sentenciado, aunque no ejecutado de inmediato.
El arresto se produjo el 22 de enero de 2026, cuando agentes federales lo pusieron bajo custodia migratoria. Actualmente permanece detenido mientras se completan los trámites de expulsión del país, un proceso que, según ICE, avanza con prioridad debido al perfil del detenido.
Las autoridades no han suavizado el lenguaje. Describen a Díaz Rodríguez como “un criminal ilegal peligroso” y recalcan que es miembro activo conocido de los Latin Kings, una de las pandillas más violentas y extendidas de Estados Unidos. Para ICE, se trata de un individuo que representa un alto riesgo para la seguridad pública.
En declaraciones a Univisión, la agencia explicó que el futuro migratorio del reguetonero sigue siendo incierto, y que su deportación no necesariamente tendría como destino Cuba. Dependiendo del análisis final, podría ser enviado a un tercer país, una opción cada vez más común en casos complejos.
El abogado del artista, José Guerrero, ya ha reconocido que ve “muy difícil” que su cliente recupere la libertad. La existencia de una orden final de deportación y el historial criminal pesan demasiado en un sistema migratorio que, en estos casos, no perdona.
Mientras tanto, el régimen cubano guarda silencio, como de costumbre. Otro ciudadano formado bajo su sistema termina señalado internacionalmente por violencia y crimen organizado, y La Habana, experta en lavarse las manos, vuelve a mirar para otro lado.
