Estados Unidos volvió a apretar las clavijas. El Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio revocó dos licencias de exportación que autorizaban el envío de vehículos y otros bienes hacia Cuba, tras concluir que las empresas beneficiadas se pasaron de los límites permitidos. En otras palabras, se les fue la mano… y Washington dijo basta.
Las decisiones quedaron recogidas en dos cartas oficiales firmadas por Julia Khersonsky, subsecretaria adjunta para Comercio Estratégico, fechadas el 4 de junio de 2025 y el 3 de noviembre de 2025. Los documentos salieron a la luz este lunes, publicados por Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, y dejaron poco espacio para interpretaciones complacientes.
En la misiva de junio, el BIS notificó a Hugo Cancio, dueño de Katapulk Marketplace, LLC, la revocación de la licencia D1325305. La agencia explicó que la decisión se tomó luego de que, el 3 de diciembre de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionara, detuviera y confiscara un envío. El motivo fue claro: bajo esa licencia se habían enviado 224 vehículos, cuando el permiso solo autorizaba 100 vehículos híbridos y de gasolina con destino a Cuba.
La licencia permitía la comercialización de motos, camiones, remolques, ómnibus y equipos de construcción y agrícolas en la Isla. Un negocio redondo… hasta que dejó de serlo. Para el BIS, el exceso no fue un error menor, sino una violación directa de las reglas del juego.
Cancio, bien conocido en el sur de la Florida, es propietario de Fuego Enterprises Inc., una empresa con sede en Miami y un capital que supera los 19 millones de dólares. Desde ahí controla proyectos como OnCuba, Art OnCuba y la propia Katapulk, vendida como una plataforma de comercio “inofensiva” mientras el régimen cubano recibía mercancía en cantidades que no cuadraban con los permisos.
La segunda carta, fechada en noviembre, fue dirigida a Alejandro Martínez Pardo y se relaciona con Maravana Cargo, Inc. En este caso, el BIS revocó la licencia D1331933, que autorizaba exportaciones de vehículos híbridos y de gasolina, además de otros artículos del sector automotor y agrícola, con destino a Maracuba Cargo SRL en Cuba.
Según el documento, la empresa excedió “drásticamente” las cantidades autorizadas. El BIS precisó que se exportaron o intentaron exportar alrededor de 140 vehículos y 337 motocicletas por encima de lo permitido. No fue un desliz administrativo: fue un abuso en toda regla.
En ambos casos, el organismo dejó claro que la revocación tenía efecto inmediato y ordenó que cualquier envío que estuviera en tránsito debía regresar a Estados Unidos o ser detenido, conforme a las Regulaciones de Administración de Exportaciones. Nada de mirar para otro lado.
El BIS también abrió la puerta a apelaciones, concediendo un plazo de 45 días para presentar argumentos. Pero el mensaje ya estaba enviado. Washington está revisando con lupa cada operación que termina beneficiando al régimen cubano, incluso cuando se disfraza de comercio privado o ayuda económica.
Para La Habana, acostumbrada a sobrevivir entre grietas legales y favores externos, la decisión es otro golpe. Menos vehículos, menos negocio y menos oxígeno para un sistema que depende cada vez más de maniobras al límite de la ley. Y esta vez, el límite quedó marcado con tinta oficial.
