La reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump, en la que declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba, ha provocado un auténtico terremoto mediático. Titulares alarmistas, análisis apresurados y todo tipo de especulaciones se han disparado en cuestión de horas. Sin embargo, hay un detalle clave que muchos están pasando por alto y que cambia bastante la lectura real del documento.
La consejera de estrategias políticas y exsecretaria asistente del Departamento de Estado, Yleen Poblete, salió a aclarar el panorama. Según explicó —y citó el periodista Wilfredo Cancio en redes sociales—, la famosa “emergencia nacional” no es algo nuevo ni improvisado, sino una continuación directa de una medida que lleva casi tres décadas en vigor.
Tal como recordó Cancio, esta emergencia nacional fue declarada originalmente el 1 de marzo de 1996, después de que aviones militares cubanos derribaran dos avionetas humanitarias estadounidenses en aguas internacionales. Aquel hecho dejó tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente muertos, y marcó un antes y un después en la política de Washington hacia La Habana.
Desde entonces, esa emergencia nacional ha sido renovada año tras año, sin importar si el presidente de turno era republicano o demócrata. Es decir, no estamos ante un giro radical ni una ruptura histórica, sino ante la prolongación de una política ya existente.
De hecho, la última renovación antes de esta ocurrió el 24 de febrero de 2025, firmada por el propio Trump. Por tanto, el documento publicado este jueves no “declara” una nueva emergencia desde cero, como muchos titulares sugieren, sino que extiende y ajusta una que lleva vigente desde 1996.
Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia ahora? La gran novedad está en los aranceles. Por primera vez, la orden ejecutiva introduce un mecanismo específico para castigar económicamente a los países que vendan o suministren petróleo o derivados al régimen cubano.
Según confirmó la Casa Blanca, el objetivo es claro: cortar el acceso del Gobierno cubano a los combustibles que mantienen a flote su aparato energético, económico y político. Hasta ahora, ese petróleo ha llegado principalmente desde aliados como Venezuela, pero la medida busca cerrar cualquier otra vía alternativa.
La orden instruye al secretario de Comercio a identificar a los países involucrados en el suministro de crudo a la isla, mientras que el secretario de Estado deberá evaluar, junto a otras agencias, si procede imponer aranceles punitivos adicionales contra esos países. Es una presión indirecta, pero muy calculada.
Como explicó The Wall Street Journal, esta medida forma parte de una estrategia mucho más amplia del gobierno de Trump. La idea sería provocar un cambio de régimen en Cuba antes de que termine 2026, aprovechando lo que funcionarios consideran una “ventana de oportunidad histórica”.
Los aranceles no solo buscan asfixiar económicamente al Gobierno cubano, sino también enviar un mensaje claro a cualquier país que esté pensando en reemplazar a Venezuela como proveedor de petróleo. En términos prácticos, se trata de un cerco total.
La orden ejecutiva no se anda con rodeos y afirma que las acciones del Gobierno cubano representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El documento enumera una larga lista de acusaciones que refuerzan ese argumento.
Entre ellas, se menciona la presencia de la mayor base de inteligencia rusa fuera de Rusia, el fortalecimiento de vínculos militares con China, la supuesta cooperación con grupos como Hamas y Hezbollah, la desestabilización regional mediante migración y violencia, y la represión sistemática contra la población cubana.
“El régimen comunista cubano no tendrá tolerancia”, afirma el decreto, dejando claro que Washington dice actuar en defensa de su seguridad nacional, mientras asegura mantener su compromiso con las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.
Desde el punto de vista legal, la orden se apoya en tres pilares fundamentales: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Emergencias Nacionales y el Título 3 del Código de los Estados Unidos. Su implementación quedará en manos de los departamentos de Comercio y Estado, con margen para ajustes según la reacción de otros gobiernos.
El régimen cubano no tardó en responder. En las últimas horas, el canciller Bruno Rodríguez calificó la medida como una “brutal agresión”, dejando claro que el pulso político y económico entre Washington y La Habana está lejos de enfriarse.
