Cuando todo parecía listo para que finalmente se celebrara el juicio, el Tribunal Municipal de Matanzas decidió frenar en seco y sin dar explicaciones. Este jueves fue suspendido a última hora el proceso judicial contra las activistas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, que estaba previsto para el 30 de enero. La información salió a la luz gracias a la propia Pantoja, quien lo denunció en redes sociales y compartió un documento judicial que confirma la jugada.
Según explicó la activista, apenas el lunes por la tarde recibió en su casa la citación oficial para el juicio, donde ambas serían procesadas por el supuesto delito de atentado. Hasta ahí, todo parecía seguir el guion habitual. Pero cuando consultó con su abogada y con Alina Bárbara López, saltó la alarma: ninguna de las dos había recibido notificación alguna del tribunal.
La situación se volvió aún más sospechosa cuando Pantoja contó que ese mismo día, por la mañana, la abogada había estado físicamente en el tribunal y allí le dijeron que no tenían constancia de ningún juicio programado. Entonces, ¿cómo era posible que la citación llegara primero a una casa en La Habana y no a las personas que viven y trabajan dentro de la propia jurisdicción de Matanzas?
A pesar de todas las irregularidades, Jenny Pantoja decidió no confiarse. Junto a su esposo viajó a Matanzas para estar presente en el tribunal a las nueve de la mañana, tal como indicaba la citación. Sin embargo, horas antes de que comenzara la vista oral, recibió una llamada que lo cambió todo: la abogada le informó que el juicio había sido suspendido por orden del propio tribunal.
El documento oficial, fechado el 29 de enero y firmado por la jueza ponente Ysenia Rodríguez Vázquez, confirma la suspensión. En él se explica que el tribunal no puede celebrar el juicio en la fecha prevista y que se anula el señalamiento hasta nuevo aviso. Lo más llamativo: no se establece ninguna fecha alternativa.
La justificación ofrecida roza lo absurdo. Según el texto, el Tribunal Municipal Popular de Matanzas se encuentra en un proceso de “reorganización de la actividad judicial”. No se especifican causas concretas, no se detallan plazos y, como es habitual, todo queda en el aire.
Para Jenny Pantoja, esta decisión no es más que otra maniobra para ganar tiempo. En su publicación afirmó que el juicio parece dilatarse indefinidamente y dejó claro que, aunque han sido pacientes, no están dispuestas a seguir sometidas eternamente a medidas cautelares injustas y sin una resolución clara.
La activista fue más allá y aseguró que lo ocurrido demuestra el profundo descrédito del sistema judicial cubano. Según ella, no se trata de un juicio por atentado, sino de un proceso político diseñado para castigar la disidencia y evitar el costo político que tendría celebrar un juicio público.
El auto judicial indica que las partes serán notificadas de la decisión, pero no aclara cuándo ni cómo se retomará el proceso. Todo queda, una vez más, en manos de la arbitrariedad.
Alina Bárbara López, historiadora, y Jenny Pantoja, psicóloga, fueron instruidas de cargos en junio de 2024 en un caso que ambas consideran fabricado por la policía política. Desde entonces, el proceso ha estado plagado de retrasos, aplazamientos y restricciones de movimiento, lo que refuerza la idea de que el objetivo no es impartir justicia, sino desgastar.
En redes sociales, la suspensión del juicio provocó una avalancha de mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos calificaron la decisión como una estrategia para ganar tiempo, una muestra de miedo o una prueba más de que la justicia en Cuba no es independiente. Otros fueron aún más directos: ese juicio nunca debió existir.
López y Pantoja anunciaron que ofrecerán declaraciones conjuntas a través del proyecto Cuba X Cuba. Mientras tanto, su caso se suma a un contexto cada vez más asfixiante para las voces críticas en la isla, donde los tribunales siguen funcionando como una extensión del aparato político y de la Seguridad del Estado.
