El nuevo decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, deja claro que no habrá concesiones gratuitas para el régimen cubano. Aunque la orden ejecutiva endurece el cerco contra La Habana, también contempla la posibilidad de ajustes futuros si el Gobierno de la isla toma “medidas significativas” para responder a la emergencia nacional declarada por Washington y se alinea de forma “suficiente” con los intereses estadounidenses en materia de seguridad y política exterior.
La advertencia aparece en la Sección 3 del documento, bajo el apartado de “autoridad de modificación”, donde Trump se reserva el derecho de cambiar, ampliar o ajustar las sanciones según evolucione el escenario político y geopolítico. El mensaje es claro: la presión se mantiene mientras La Habana siga jugando en el bando equivocado.
El texto establece que la orden podrá revisarse si surgen nuevas informaciones relevantes, si algún país afectado responde con represalias contra Estados Unidos o si el Gobierno cubano —o terceros directamente involucrados— adopta acciones concretas para atender la emergencia declarada y muestra un alineamiento real con Washington. No se fijan plazos ni promesas. Todo queda condicionado a hechos, no a discursos.
Aunque el lenguaje es diplomático, la letra pequeña no deja espacio para ilusiones. Cualquier revisión de las sanciones pasaría por un cambio profundo en la política exterior del régimen cubano, especialmente en sus alianzas con países considerados hostiles por Estados Unidos, como Rusia, China o Irán. Algo que, hasta ahora, La Habana no ha mostrado la menor intención de hacer.
La orden ejecutiva, firmada el 29 de enero y en vigor desde el día 30, declara una emergencia nacional al considerar que las acciones del Gobierno cubano representan “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. No es un calificativo menor ni casual.
Como parte del paquete, Trump autorizó la creación de un sistema arancelario que permitirá imponer gravámenes adicionales a los productos de países que suministren petróleo a Cuba, directa o indirectamente. El combustible se convierte así en el nuevo campo de batalla en la relación entre Washington, La Habana y sus aliados.
El decreto, rubricado en la Casa Blanca, se apoya en leyes clave como la de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la de Emergencias Nacionales, lo que otorga al presidente amplias facultades para actuar sin pasar por el Congreso.
Uno de los países que queda directamente bajo la lupa es México. La medida abre la puerta a sanciones económicas contra uno de los principales socios energéticos del régimen cubano, cuyos envíos han sido vitales para sostener, con respiración artificial, las pocas termoeléctricas que aún funcionan en la isla en medio de la peor crisis energética en décadas.
Durante años, esos suministros se han maquillado como “ayuda humanitaria” o “cooperación solidaria”, pero el nuevo decreto de Trump rompe ese relato y cambia las reglas del juego. A partir de ahora, vender petróleo a Cuba puede salir caro.
La orden faculta al secretario de Comercio para identificar a los países involucrados en esos envíos y al secretario de Estado, en coordinación con el presidente, para decidir si se aplican los aranceles y hasta qué punto. No hay automatismos, pero tampoco margen para hacerse el loco.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha insistido en que los envíos se realizan bajo contratos con Pemex y con criterios humanitarios, negando interrupciones en el suministro. Sin embargo, mantener esa postura podría colocar a México en la línea directa de las sanciones estadounidenses, justo cuando negocia temas sensibles dentro del Tratado de Libre Comercio.
Desde la Casa Blanca no hay dudas: quien alimente al régimen cubano está sosteniendo una estructura política que Washington considera una amenaza directa. En ese contexto, las señales ambiguas de Sheinbaum sobre su relación energética con La Habana podrían desembocar en un choque diplomático con Estados Unidos.
La gran incógnita ahora es si México optará por seguir respaldando al régimen cubano —asumiendo el costo económico y político de los nuevos aranceles— o si buscará una salida negociada que preserve su relación estratégica con Washington. Para Cuba, mientras tanto, el mensaje es brutalmente sencillo: sin alineamiento, no hay alivio; sin cambios reales, no hay oxígeno.
