El régimen cubano dejó claro este martes que no está dispuesto a liberar presos políticos, ni ahora ni como parte de un eventual diálogo con Estados Unidos. La negativa, expresada sin rodeos, confirma la rigidez del poder en La Habana y su miedo a cualquier concesión que huela a apertura real.
En entrevista con la agencia EFE, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, fue tajante al afirmar que “no hay intención de hablar sobre ese tema” cuando se le preguntó por una posible excarcelación de detenidos por motivos políticos. El mensaje fue claro: los presos no se negocian, aunque el país esté contra la pared.
El funcionario insistió en separar cualquier conversación sobre sanciones o petróleo del tema de los derechos humanos. Según su versión, no existe vínculo alguno entre el bloqueo energético y los presos, una postura que choca frontalmente con la realidad de un sistema que usa el encarcelamiento como herramienta de control político.
Las declaraciones llegan en un momento incómodo para La Habana. En Venezuela, el proceso de liberación de presos políticos avanza como parte del plan impulsado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En Caracas, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez ha anunciado medidas de reconciliación supervisadas por Estados Unidos, dentro de una hoja de ruta que incluye estabilización, recuperación y transición democrática.
Desde Cuba, la respuesta ha sido cerrar filas. Fernández de Cossío llegó a comparar la exigencia de liberar presos políticos con una supuesta intromisión en asuntos internos de Estados Unidos, asegurando que sería como discutir la Constitución norteamericana o las redadas migratorias en Minneapolis. Una comparación forzada que delata incomodidad y nerviosismo.
Analistas interpretan este endurecimiento del discurso como un mensaje doble. Hacia afuera, busca marcar distancia con el proceso venezolano. Hacia adentro, intenta reforzar el control interno en un momento en que la Casa Blanca empieza a señalar a Cuba como el núcleo duro del eje autoritario en América Latina.
Negarse a hablar de presos políticos no es solo soberbia ideológica. Es también miedo a una transición, porque reconocerlos implicaría aceptar algo que el régimen se niega a admitir seeeee: que en Cuba hay oposición política. “Hablar de presos sería reconocer que existen”, comentó un académico en La Habana. “Y reconocer eso sería admitir que el sistema reprime ideas, no delitos comunes”.
Mientras Venezuela ensaya una apertura vigilada, el régimen cubano se encierra en su viejo libreto. Diálogo técnico, quizás. Concesiones políticas, ninguna.
La negación oficial contrasta con los datos documentados por organizaciones independientes. Informes recientes de Prisoners Defenders señalan que Cuba mantiene más de mil presos políticos y de conciencia, la cifra más alta del hemisferio occidental. De ellos, cientos cumplen condenas tras las protestas del 11J, muchos sin antecedentes penales y con sentencias que superan los diez años por delitos fabricados como “sedición” o “propaganda enemiga”.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado juicios sin garantías, detenciones arbitrarias y el uso del Código Penal como arma de castigo político. Incluso la ONU, el Parlamento Europeo y la CIDH han exigido la liberación inmediata de los detenidos por motivos políticos, recordando que Cuba viola de forma sistemática tratados internacionales que dice respetar.
Aun así, el régimen insiste en su narrativa gastada: en Cuba no hay presos políticos, solo delincuentes comunes. Esa mentira, repetida ahora por Fernández de Cossío, es parte del blindaje discursivo de una dictadura que sabe que ceder en ese punto sería empezar a perder el control.
