El tema de la vivienda en Cuba vuelve a encender el debate, y esta vez con una medida que ya está dando de qué hablar dentro y fuera de la isla. Resulta que el Gobierno cubano oficializó una disposición que permitirá descontar hasta el 20% del salario mensual a las personas que reciban viviendas estatales. Sí, como lo lees: quien sea beneficiado con una casa asignada por el Estado tendrá que pagarla poco a poco… y ese “poco a poco” podría extenderse nada más y nada menos que durante 30 años. La decisión quedó recogida en un acuerdo del Consejo de Ministros publicado recientemente en la Gaceta Oficial.
Aunque la medida fue aprobada desde el 14 de marzo de 2025, no fue hasta el 4 de febrero de 2026 que entró formalmente en vigor tras su publicación oficial. Todo esto ocurre en medio de una crisis habitacional que lleva años golpeando con fuerza a la población. Derrumbes, familias viviendo en albergues y casas prácticamente en ruinas forman parte del paisaje cotidiano de miles de cubanos que siguen esperando una solución que nunca termina de llegar.
Según el documento, las viviendas construidas por el Estado —o aquellas que queden disponibles bajo control de los gobiernos municipales— podrán asignarse bajo tres modalidades: propiedad, arrendamiento o usufructo. ¿De qué depende cada una? Básicamente de la famosa “capacidad de pago” del beneficiario y del nivel de prioridad que tenga dentro del sistema de asignaciones.
En los casos donde la vivienda se otorgue en propiedad, el Gobierno autoriza que el pago se haga mediante cuotas mensuales que no superen el 20% de los ingresos del titular. Sobre el papel puede sonar “flexible”, pero hay un detalle clave: el plazo para saldar la deuda puede extenderse hasta 30 años, dependiendo de la edad y la situación económica de la persona. O sea, media vida pagando la casa.
El acuerdo también deja claro que quien pueda adelantar dinero podrá hacerlo, pero advierte que si hay incumplimientos considerados “injustificados”, se aplicarán las medidas previstas en la legislación vigente. En otras palabras, existe la posibilidad real de perder el derecho sobre la vivienda si no se cumplen los pagos.
Para quienes tienen ingresos más bajos, se contempla la opción de arrendamiento. En ese caso, el descuento sería del 10% del salario, aplicado cuando pagar el 20% resulte imposible sin afectar necesidades básicas. Aun así, sigue siendo un golpe para economías familiares que ya viven al límite.
En situaciones todavía más críticas aparece la figura del usufructo. Aquí no hay propiedad de la vivienda: el Estado la entrega para su uso, pero sin transferir derechos reales. Esta modalidad se aplicará cuando la persona no pueda asumir ningún tipo de descuento salarial.
La norma también abre la puerta a cambios futuros: si alguien que está en usufructo o arrendamiento mejora sus ingresos, podrá solicitar pasar a la modalidad de propietario, descontándose lo que ya haya pagado previamente.
Todo esto llega en un contexto donde el fondo habitacional cubano está seriamente deteriorado. Distintos reportes estiman un déficit cercano al millón de viviendas, entre casas por construir y otras que necesitan rehabilitación urgente. Mientras tanto, los derrumbes —sobre todo en La Habana— siguen siendo noticia recurrente.
No es la primera vez que el Gobierno intenta fórmulas de pago. Desde 2019 ya se había establecido que las viviendas estatales se transferirían por un precio equivalente al costo de construcción, priorizando a damnificados y casos sociales. Pero la realidad sigue marcada por listas de espera interminables, burocracia y falta de recursos.
La nueva medida también se conecta con las llamadas viviendas vinculadas a centros laborales, que podían pasar a propiedad tras años de pago. En esos casos se exigían 180 mensualidades (15 años). Ahora los plazos se duplican, llegando hasta tres décadas.
Y aquí es donde surge la pregunta que muchos cubanos ya se están haciendo: ¿quién puede pagar una casa con un salario estatal en Cuba? En un país donde el sueldo muchas veces no alcanza ni para la comida del mes, destinar el 20% a una vivienda puede convertirse en una carga asfixiante. La medida se vende como una “facilidad”, pero para muchos suena más a deuda eterna que a solución habitacional.
