Si tienes casa en Cuba —o estás esperando una— esto te interesa… y mucho. El Gobierno acaba de mover fichas otra vez en el tablero de la vivienda, pero lo hizo casi en silencio. Sin grandes anuncios, sin mesas redondas, sin campaña informativa. Simplemente apareció publicado en la Gaceta Oficial… y con eso bastó para cambiar reglas importantes sobre cómo funciona la propiedad en la isla.
La nueva disposición salió en la edición ordinaria número 15 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, fechada el 4 de febrero de 2026. Sobre el papel puede parecer un ajuste técnico, pero en la práctica toca un tema extremadamente sensible: la relación de los cubanos con sus viviendas, especialmente aquellas vinculadas al Estado.
Y es que hablar de casa en Cuba nunca ha sido simple. Entre trámites, permisos, limitaciones y regulaciones, la propiedad inmobiliaria siempre ha estado rodeada de condiciones que muchas veces ni los propios dueños terminan de entender. Ahora, con el deterioro acelerado del fondo habitacional y la escasez crónica de viviendas, cualquier cambio en las reglas pesa el doble.
El contexto no puede ser más crítico. Derrumbes frecuentes, falta de materiales, obras paralizadas y un déficit habitacional que lleva años acumulándose han reducido drásticamente la disponibilidad de casas. En ese escenario, cada inmueble —nuevo, reparado o reasignado— se convierte en un recurso estratégico.
Aquí es donde entra el nuevo marco aprobado por el Consejo de Ministros. A partir de ahora, las viviendas construidas por el Estado —o las que queden bajo control de los gobiernos municipales— podrán entregarse bajo tres modalidades diferentes: propiedad, arrendamiento o usufructo.
La clave está en cómo se decide cada caso. Según la norma, el factor determinante será la capacidad de pago del beneficiario, junto al orden de prioridades fijado por las autoridades locales. Es decir, el bolsillo pasa a ser un elemento central en la relación legal con la vivienda.
Si la persona puede pagar, la casa se asigna en propiedad. Ese pago podrá hacerse completo o en cuotas mensuales, siempre que no superen el 20 % de los ingresos. El plazo para liquidar la deuda puede extenderse hasta 30 años, con opción de adelantar pagos.
Pero si los ingresos no alcanzan para asumir ese nivel sin afectar necesidades básicas, entonces la vivienda pasa a régimen de arrendamiento. En ese caso, el pago mensual baja al 10 % de los ingresos.
¿Y si ni siquiera así es posible pagar? Entonces entra la tercera figura: el usufructo. Esto permite usar la vivienda sin pagar cuotas, aunque con una condición importante: si la situación económica mejora, el Estado puede modificar la forma de tenencia y reconocer pagos futuros o pasados.
Ahí es donde muchos ven la “letra pequeña”. Porque introduce flexibilidad… pero también deja abierta la puerta a revisiones posteriores sobre los derechos de la vivienda.
Otro punto llamativo es que los usufructuarios podrán obtener beneficios económicos alquilando habitaciones o espacios para trabajo por cuenta propia, siempre con autorización de Vivienda municipal. O sea, se permite generar ingresos… pero bajo supervisión.
Y precisamente el control administrativo se refuerza. Los gobiernos municipales ganan más poder para autorizar, supervisar e incluso modificar contratos relacionados con estas viviendas.
En casos de derrumbes totales o desastres naturales, el Estado podrá otorgar subsidios equivalentes al 50 % del valor del inmueble asignado, previa evaluación socioeconómica. El resto se pagaría bajo las reglas generales ya mencionadas.
Mientras, el Ministerio de la Construcción será quien establezca los precios de referencia de las viviendas, según costos y planes de inversión.
Aunque la medida no habla de confiscaciones ni de pérdida de casas privadas, sí representa un reordenamiento profundo del sistema. Llega además en uno de los momentos más delicados para la vivienda en Cuba: escasez, deterioro estructural e incertidumbre total.
Porque en la isla, tener casa no es solo tener techo… es tener seguridad. Y cuando cambian las reglas, la preocupación también se muda.
