La Isla de la Juventud amaneció oficialmente en modo supervivencia. El régimen anunció de manera urgente la activación de la llamada “opción cero”, un paquete de medidas extremas para enfrentar la escasez de combustible que confirma algo que ya todos saben: el colapso energético se les fue de las manos.
Bajo orientaciones directas de la “máxima dirección del país”, las autoridades locales reconocieron que la situación es tan grave que no hay forma de sostener la normalidad. La respuesta no es una solución, sino más restricciones, más apagones y más control sobre una población ya agotada.
El servicio eléctrico entró en régimen de afectaciones permanentes, con cortes programados de hasta cuatro horas durante todo el día y la posibilidad de que el tiempo sin corriente aumente según los inventarios de combustible. En comunidades como Cocodrilo, la electricidad queda limitada a ventanas específicas, como si se tratara de un favor y no de un derecho básico.
La vida laboral también se reduce al mínimo. Centros administrativos prácticamente paralizados, solo con personal “imprescindible”, mientras el resto queda enviado al teletrabajo forzado o simplemente a la casa. Los fines de semana, los edificios estatales quedarán totalmente a oscuras, una imagen que resume bien el nivel de deterioro.
El comercio y el transporte entran en la misma lógica de recortes. Bodegas con horarios improvisados, rutas de transporte público que abren y cierran según haya diésel, y comunidades que quedan aisladas con una sola conexión semanal, como ocurre en Cocodrilo. El ferry Perseverancia, símbolo de la desconexión del territorio, saldrá solo si aparece combustible, una o dos veces por semana, si acaso.
La educación no escapa del hachazo. Centros internos cerrados, estudiantes enviados de regreso a sus casas y la enseñanza trasladada a la improvisación doméstica hasta nuevo aviso. Otra generación más pagando el precio de un sistema que no puede garantizar ni luz ni transporte.
La orden incluye además el apagado definitivo de hornos eléctricos y equipos de climatización, la paralización total de inversiones, el traslado forzoso de grupos electrógenos y la redistribución del poco combustible disponible hacia lo que el régimen define como “centros vitales”. Traducido: el resto que aguante.
El control se refuerza. Se anuncian inspecciones diarias, reuniones energéticas obligatorias para señalar “violaciones” y advertencias directas a los directivos: quien no cumpla las medidas puede quedarse sin electricidad, una amenaza que retrata el enfoque represivo con el que se gestiona una crisis provocada por décadas de incompetencia.
Para cerrar el círculo, el régimen apuesta a la propaganda. Se ordena intensificar el trabajo con los medios locales y las organizaciones políticas para “crear conciencia de ahorro”, como si el problema fuera el consumo de la gente y no un modelo fracasado que dejó al país sin combustible, sin energía y sin alternativas.
La “opción cero” no es un plan. Es una confesión. La admisión pública de que no hay con qué sostener la Isla de la Juventud, y de que la respuesta del poder sigue siendo la misma de siempre: apagar, controlar y culpar a otros, mientras la vida cotidiana se apaga poco a poco.
