En otro manotazo desesperado para maquillar un modelo económico en ruinas, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció un cambio en la canasta básica que se distribuye por las bodegas del país. La razón oficial es la misma de siempre: no hay combustible, no hay dinero y el Estado está quebrado, así que la comida importada simplemente desaparece del reparto.
La nueva ocurrencia del régimen se apoya en una idea tan simple como peligrosa: cada municipio deberá arreglárselas con lo que produzca. En la práctica, esto significa romper con la distribución centralizada de alimentos y dejar a comunidades enteras a merced de su propia precariedad productiva, bajo el disfraz de una supuesta “autonomía local”.
La pregunta cae por su propio peso y nadie en el poder se atreve a responderla: ¿qué van a comer los municipios urbanos, como los de La Habana, Santiago de Cuba u Holguín, donde no hay tierras agrícolas ni recursos para sostener a cientos de miles de personas? El silencio oficial dice más que cualquier discurso.
El economista Mauricio de Miranda fue directo al grano y desmontó la narrativa del régimen. Para él, lo que Díaz-Canel vende como autonomía municipal se parece más a un regreso al feudalismo, fragmentando aún más al país y lavándose las manos ante una crisis que es nacional. Delegar responsabilidades sin recursos ni libertad económica no es descentralizar, es abandonar.
De Miranda advierte que la idea de que cada municipio “coma lo que produce” no pasa de ser una utopía peligrosa, incapaz de resolver la pobreza, la escasez y la falta crónica de insumos. Lejos de facilitar la vida diaria, esta medida amenaza con hacerla todavía más dura, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Díaz-Canel también aprovechó para arremeter contra el llamado “igualitarismo” de la libreta. Según él, no tiene sentido que todos reciban la misma cantidad de arroz subsidiado. En su lógica torcida, no debería recibir lo mismo un trabajador estatal con salario de miseria que un dueño de una Mipyme importadora. El problema es que ese razonamiento ignora una realidad elemental: la producción nacional no alcanza ni para cubrir lo básico, y el mercado está distorsionado por el propio control estatal.
Para muchos analistas, esta propuesta no es más que otra excusa para justificar el fracaso absoluto del Gobierno en la gestión de los recursos del país. En condiciones normales, una descentralización real podría ser positiva, pero en Cuba, donde el Estado controla todo y no garantiza nada, solo servirá para profundizar las desigualdades y el sálvese quien pueda.
El socialismo cubano lleva décadas demostrando su ineficacia. Las palabras “autonomía” y “descentralización” suenan huecas cuando no existe un mercado libre, ni seguridad jurídica, ni incentivos reales para producir. Sin cambios estructurales profundos, todo queda en propaganda.
El propio Mauricio de Miranda lo resume sin rodeos: no puede hablarse de autonomía cuando el Estado sigue asfixiando la economía y las empresas carecen de libertad y recursos para generar riqueza. Lo demás es teatro.
La dictadura vuelve a mostrar su incapacidad total para enfrentar el hambre y la pobreza que ella misma ha creado. No es falta de recursos, es un sistema diseñado para beneficiar a una élite mientras empuja al pueblo a la miseria. Ellos no van a cambiar. La verdadera pregunta es cuánto más tendrá que aguantar Cuba antes de sacudirse, de una vez, el yugo del comunismo.
