La crisis de combustible volvió a golpear con fuerza este viernes y el transporte en Cuba entró oficialmente en modo emergencia permanente. Bajo el eufemismo de “ajustes”, el régimen anunció una batería de restricciones que, en la práctica, dejan a millones de cubanos con menos opciones para moverse, trabajar, estudiar o simplemente sobrevivir en un país ya colapsado.
Desde las doce de la noche, el servicio marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó quedó reducido a solo dos salidas semanales, los martes y los sábados. Para maquillar el recorte, las autoridades prometen esquemas intermodales que combinan ómnibus y ferrocarril en rutas como Pinar del Río–Batabanó y Santiago de Cuba–Batabanó, siempre supeditadas a la ya limitada circulación de los trenes nacionales. Aun así, el Gobierno asegura que se mantendrá la transportación de pasajeros y cargas en el triángulo Batabanó–Nueva Gerona, una frase tranquilizadora que no disipa la incertidumbre cotidiana de los residentes de la Isla de la Juventud.
El tijeretazo también alcanzó de lleno al ferrocarril. Los trenes nacionales pasan a operar con una sola salida cada ocho días hacia cada destino, una frecuencia que roza el absurdo en un país que depende de ese medio para largas distancias. Al mismo tiempo, se posponen todas las transportaciones de fletes nacionales vinculadas a eventos y otras actividades, confirmando que la vida cultural y económica vuelve a ser sacrificada cuando el combustible no alcanza.
Algunos servicios intermodales, como los de Baracoa, Niquero y Pilón, se mantienen únicamente ajustados a las escasas salidas de los trenes nacionales, mientras el resto de los servicios nacionales y locales queda suspendido. La decisión incluye la cancelación del actual sistema de Listas de Espera y el cierre de las Terminales de Última Hora, dejando a los pasajeros sin alternativas de última instancia. El régimen promete devolver el dinero a quienes ya tenían boletos y no puedan viajar, con un reintegro del 100 % hasta 30 días después de la fecha impresa, como si el problema fuera solo económico y no de tiempo, trabajo y oportunidades perdidas.
En el ámbito educativo, los traslados de estudiantes y profesores en ómnibus escolares se ajustarán según lo que “se concilie” con esos sectores, una fórmula ambigua que suele traducirse en menos transporte y más improvisación. Se mantienen los servicios de escuelas especiales y los medibus, mientras el discurso oficial intenta vender normalidad donde solo hay recortes.
El golpe al mundo laboral es igual de severo. Se suspenden los traslados diarios de trabajadores realizados por TRANSMETRO y otros operadores, con la excepción de los servicios vinculados a puertos, aeropuertos y algunas prioridades definidas desde arriba. En contraste, se mantienen ciertos servicios ruteros especiales con microbuses en ciudades específicas, una medida desigual que evidencia la falta de un criterio claro y equitativo.
Las autoridades también anuncian que se aprovecharán los pocos medios de transporte eléctricos disponibles para cubrir traslados esenciales relacionados con la salud y otros sectores vitales. Los triciclos eléctricos de TAXISCUBA seguirán operando según decidan los territorios, siempre que cumplan normas técnicas y regresen diariamente a sus bases, mientras cada provincia improvisa soluciones según el combustible que le quede.
En medio de este panorama, el Gobierno insiste en que los vuelos nacionales e internacionales se mantienen, al igual que el traslado de colaboradores conforme a los programas acordados, y asegura que se garantizará la transportación de profesores y estudiantes del sistema educativo “según las demandas”. Sin embargo, deja en manos de las autoridades locales decidir qué servicios de transporte público continuarán funcionando —urbanos, suburbanos, intermunicipales, rurales, ferrobuses o lanchas— y cuáles se apagan, siempre en dependencia de una disponibilidad de combustible que nadie explica ni transparenta.
El resultado es el de siempre. Un país fragmentado, a distintas velocidades, donde moverse se convierte en un privilegio y no en un derecho. La escasez crónica, la mala gestión y la improvisación vuelven a pasar factura. Mientras el régimen habla de ajustes y priorizaciones, la Cuba real se queda esperando en paradas vacías, estaciones cerradas y muelles sin barcos, pagando el precio de un modelo que ya no da más.
